Opinión
REFLEXIONES ROMANAS. LA POLITICA POR VICTOR M. OROZCO OROZCO
eflexiones romanas. La política
Víctor Orozco
En los muros de las casas de Pompeya, ciudad de unos 20 mil habitantes, sepultada durante casi diecisiete siglos por las cenizas del Vesubio, se pueden leer hoy letreros o pintas como diríamos ahora, de propaganda política, llamando a votar por algún candidato a servir en un puesto público. La erupción del volcán tuvo lugar el 24 de agosto del año 79, de nuestra era, o en el 830 de la romana, época en que se iniciaba la fase imperial y concluía la republicana, así que los hábitos electorales de los ciudadanos pompeyanos estaban en pleno vigor. Las promesas de campaña eran muy similares a las actuales: “¿Quieres impuestos bajos?. Vota por Marcus”, “Mejoremos los servicios. Vota por Brutus”. El desarrollo económico, político y cultural de la pequeña ciudad, medida con los patrones actuales, es evidente. Poseía un anfiteatro o estadio para 20,000 espectadores, un teatro para 7,000, templos, edificios públicos espléndidos, la basílica (una especie de palacio de gobierno actual) era impresionante, baños o termas en donde se hacía gimnasia, se escuchaba música, se leía y se gozaban de otros placeres, tenidos ahora como pecaminosos. Había esculturas, fuentes, pinturas, mosaicos, por todas partes.
¿Era Pompeya una ciudad excepcional en el imperio romano?. No, aunque sí estaba entre las prósperas, por su contactos y redes comerciales marítimas. Sus riquezas y construcciones, empero, no son siquiera comparables con las colosales de la metrópoli romana. El Coliseo de ésta, unos años después, tenía 50,000 asientos y las termas de Caracalla, podían acoger a 1,600 usuarios a la vez. Había casi otras ochocientas de todos tamaños en la ciudad, teatros, obras como los acueductos y el drenaje público que son todavía modelos.
Este mundo se colapsó y sus cultura material fue destruída sistemáticamente en los siguientes siglos. Para muestra, recordemos que el inmenso estadio, con sus canteras y mármoles labrados, sus lozas y esculturas, millares de anillas de bronce, fue reducido a la miserable condición de una mina para sacar materiales. Todavía a finales del siglo XV, el papa Alejandro VI cobraba como renta una tercera parte del valor de cada carga. Aún así, llegó a la posteridad un Coliseo majestuoso, aunque mocho a la mitad.
Sobre el ascenso y caída de la civilización romana, se han escrito tantos libros quizá como de ningún otro tema. Sigue apasionando todavía a historiadores de la política, el arte, las religiones, la arquitectura, las obras públicas, el derecho, la milicia, la filosofía, la comida, el lenguaje, la vida cotidiana. Es sin duda alguna fascinante. Una de las vetas se descubre a partir de la pregunta: ¿Cual fue la causa principal del desplome de una sociedad y unas instituciones que no tenían parangón en el mundo de su tiempo?. Las respuestas, desde luego, han sido múltiples y cada época ha aportado las suyas. Una, que me atrae poderosamente, es aquella que finca la razón en la decadencia de la política.
La superioridad de los romanos estribó de manera central en su destreza para construir y operar instituciones capaces de sobrevivir a las veleidades de los gobernantes, incluso a los actos demenciales ejecutados por varios de sus emperadores. El armazón jurídico y político edificado a lo largo de centurias, garantizaba la continuidad de iniciativas y proyectos concebidos a muy largo plazo. También de obras portentosas. Levantaron ciudades, acueductos, carreteras, drenes, plantaciones, por todo el occidente europeo, el norte de África y el medio oriente. Sus monedas llegaron hasta China y Corea. Su idioma era la lengua franca, con la que el mundo de entonces se comunicaba. No había poder, ni civilización alguna que pudiesen competir con los de Roma. Tal era la confianza en su eternidad, que en un verso recuperado por Lord Bayron se decía: “Mientras el Coliseo esté en pie, Roma estará de pié, cuando el Coliseo caiga, Roma caerá y cuando Roma caiga, caerá el mundo”.
Sin embargo, durante las dos últimas centurias, anteriores a 476, la fecha oficial de la terminación del Imperio Romano de Occidente, se juntaron distintas calamidades. Los orgullosos ciudadanos libres perdieron sus propiedades, crecieron los latifundios, las ciudades se llenaron de desempleados, el ejército se hizo mercenario, los gobernantes se convirtieron en esquilmadores de los pueblos. Fue una época de total decadencia, durante la cual la mayoría abandonó el quehacer público, se alejó de la política, para retirarse a la vida privada y a la resignación.
La falla de las instituciones, que acabaron subordinadas al apetito económico de los altos funcionarios, tuvo un efecto multiplicador en todas las esferas de la vida colectiva. Con un ejército corrupto y unos generales dedicados al saqueo del erario, ya no hubo quien asegurara el imperio de la ley. El despotismo, las tiranías, la corrupción y las arbitrariedades obraron como un cáncer que invadió todo el cuerpo social. No hubo más elecciones, ni consultas populares, ni asambleas legislativas autónomas. Las gigantescas obras públicas, símbolos de la pax romana, fueron cosa del pasado, quedaron allí, en testimonio de las antiguas glorias. Como un organismo sin alimentos, la sociedad romana acabó por consumir sus propios músculos.
De cuando en cuando, en todas las naciones modernas, salen a relucir estos pensamientos. Acontece cuando se advierte que la ley, el control constitucional, -diría un jurista de nuestros días- y en su conjunto el aparato institucional del Estado, son impotentes para frenar las ambiciones y los afanes de enriquecimiento de los gobernantes. Esto sucedió a los romanos, que vieron sus venerados símbolos ante los cuales se detenía el poder económico o militar, vejados y atropellados por multitudes de clientes-vasallos y por la soldadesca. No emergió en aquellos calamitosos años ninguna fuerza social y cultural que detuviera la decadencia política. El gigantesco imperio, con sus setenta y cinco millones de habitantes y sus nueve millones de kilómetros cuadrados sucumbió, para dejar lugar a bandas depredadoras que lo partieron en mil pedazos. El colapso empezó en la política. Roto este eslabón, se derrumbaron las otras piezas del edificio social.
La reflexión anterior es oportuna si pensamos en el deterioro de las instituciones mexicanas, el desprestigio de los gobernantes y la descomposición política de los partidos. No somos los únicos, desde luego. Otros países hermanos de Latinoamérica sufren crisis parecidas, de manera notoria y bastante mas grave Venezuela. No existen panaceas, pero sí rutas que han llevado a buen puerto. Una de ellas es aferrarse al cumplimiento de la ley y a la salvaguarda de los intereses colectivos. En el fondo, fueron las banderas con la cual el gobierno de Benito Juárez pudo aglutinar a los elementos mejores de la sociedad para derrotar primero al ejército y al clero corrompidos por los privilegios y después a la intervención francesa. Hay ejemplos similares en la historia de todas las naciones. En esencia, han implicado la dignificación de la política a partir de las virtudes propias de la república.
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
-
Chihuahua24 horas agoClausuran 16 negocios por irregularidades en venta de alcohol en Chihuahua
-
Política23 horas agoMás de 50 mil personas visitan panteones en Día de Muertos
-
Política21 horas agoArturo Medina reconoce labor de Alejandro Domínguez en defensa de Chihuahua
-
Política24 horas agoRestablecen servicio de agua potable en Chihuahua tras reparaciones

