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México

Reforma al Poder Judicial va, ya es constitucional: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la reforma al Poder Judicial va, y que no hay amparos, ni análisis que ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puedan poner sobre la mesa para parar para la reforma constitucional.

«Entonces la elección va. Eso tiene que quedar claro porque fue la voluntad popular expresada en la sociedad. Hay algunos que no les gusta, pero la mayoría del pueblo lo decidió», dijo Sheinbaum Pardo.

Lo anterior al ser cuestionada sobre que Guanajuato fue el primer estado del país en emitir una controversia constitucional contra la reforma judicial.

«La reforma para elegir a ministros, magistrados, ministros, magistradas, ministras, va. Ya es una reforma constitucional. Ayer se enviaron las leyes secundarias para poder clarificar la reforma y que el sistema electoral tenga los elementos suficientes para poder llevar a cabo la elección».

Agregó: «Entonces no tiene, ya lo dijo Diego Valadez, no hay, ya es constitucional. Entonces no hay pues ni de amparos o análisis que ocho ministros puedan poner sobre la mesa para parar esa reforma».

Antes, la mandataria federal señaló que fue voluntad del pueblo para que haya una elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y aclaró que hay democracia y libertades por lo que la gente puede manifestarse contra la reforma al Poder Judicial, pero lo que no pide es que todos piensen como la presidenta.

«(…) nosotros no pedimos que todo el mundo piense como la presidenta, imagínense, eso sí sería dictadura, lo que hay es un 60% de los votantes que votaron por una opción, por un proyecto de gobierno, por un proyecto de nación más allá de un proyecto de gobierno y nosotros también tenemos que respetar la voluntad popular».

«La voluntad popular estableció, por ejemplo, que hubiera elección de jueces, magistrados y ministros, se cambió la constitución porque así lo quiso el pueblo, el pueblo no hubiera votado de esa manera si no se hubieran querido las reformas que se plantearon, que lo planteamos durante toda la campaña», destacó la titular del Ejecutivo federal.

Cualquier reunión será atendida por la Segob

La mandataria federal señaló que cualquier reunión que solicité la Suprema Corte de Justicia será atendida por la Secretaría de Gobierno ya que esa es su tarea.

Lo anterior al ser cuestionada sobre si los ministros de la Suprema Corte le han solicitado una reunión respecto a la reforma al Poder Judicial.

«¿Cuál sería, digamos, el objeto, si ellos lo desean? Pues avanzar en la reforma al Poder Judicial», indicó.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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