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Opinión

Reforma electoral: La silenciosa agonía de la democracia mexicana. Por Lic. Jacques A. Jacquez.

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Mientras el país se recupera de la resaca de la elección judicial y se concentra en los pactos soterrados y los futurismos del 2030, algo más grave y, al mismo tiempo, más silencioso está ocurriendo: una reforma electoral ya está en marcha. No ha sido votada en el Congreso, ni debatida en foros públicos. No se imprimió en el Diario Oficial. Pero avanza con eficacia quirúrgica. Es la reforma que se ejecuta sin leyes nuevas, pero con efectos reales: un desmantelamiento al INE disfrazado de reforma.

No se trata de modernizar el sistema electoral, sino de desactivarlo desde dentro. El INE, que durante años fue ejemplo continental de autonomía y fortaleza técnica, hoy opera como un ente anestesiado. Ha dejado de fiscalizar con rigor, ha tolerado violaciones flagrantes a la equidad electoral y se ha convertido en un espectador más del proceso democrático. La omisión se volvió regla. La pasividad, estrategia.

La llegada de Guadalupe Taddei al instituto (cuyo perfil tiene vínculos más políticos que técnicos) no fue un accidente. Fue una señal clara de que el árbitro debía no solo alinearse, sino servir al oficialismo. La 4T comprendió que no hacía falta desaparecer al INE. Bastaba con volverlo irrelevante. ¿Para qué desgastarse en buscar una mayoría calificada para reformarlo, si era más sencillo desactivarlo desde sus entrañas?

El rol del INE fue reducido a organizar elecciones con un mero sentido logístico, dejando de lado su misión de garantizar condiciones equitativas y legales para la competencia política.

Pero el nuevo sexenio quiere ir más allá. La democracia que permitió la llegada de Morena al poder es la que hoy pretenden desaparecer para perpetuarse en el mismo.

Claudia Sheinbaum ha anunciado la instalación de un “Comité de análisis para la reforma electoral”, encabezado por Pablo Gómez y conformado por perfiles abiertamente identificados con el oficialismo, como Ernestina Godoy, Jesús Ramírez Cuevas, Arturo Zaldívar y Pepe Merino, entre otros. Una especie de “grupo de notables” que no incluye voces críticas, ni representación de la academia, ni diálogo con la sociedad civil. Un grupo que, más que analizar, parece haber sido creado para legitimar lo que ya está decidido.

Y lo más paradójico es que este comité se siente innecesario. Morena y sus aliados ya cuentan con mayoría en ambas cámaras. ¿Para qué simular consenso si se puede imponer por fuerza de votos?

La única duda importante es si esa mayoría resistirá intacta cuando se discutan temas como la eliminación de los legisladores plurinominales. Muchas de esas posiciones son las que mantienen con vida a los partidos satélite de la 4T: el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Sin pluris, esos aliados quedarían reducidos a su verdadera dimensión, insuficiente para sobrevivir por sí mismos. ¿Estarán dispuestos a cavar su propia tumba? ¿O presenciaremos, por fin, una pequeña rebelión dentro del bloque hegemónico?

La historia electoral de México no es perfecta, pero es la que permitió que una oposición llegara al poder. Morena es producto de esas reglas. Si esas reglas desaparecen, también lo hará la posibilidad de alternancia real.

El desmantelamiento no es una hipótesis: ya está ocurriendo. El Congreso está listo para obedecer. La Corte ha sido alineada. El árbitro electoral se volvió testigo mudo. Y la oposición, cuando no está distraída en sus pleitos, permanece en silencio.

Mientras tanto, los ciudadanos siguen viendo el espectáculo en cámara lenta, sin advertir que la democracia mexicana no morirá con un golpe, sino con un bostezo.

Opinión

Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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