El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso entregó hace unos momentos al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés, la propuesta de Ley de Ingresos para el 2014, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y los Criterios generales de la Política Económica, así como las iniciativas de la Reforma Hacendaria y de Seguridad Social.

Esta última incluye una reforma constitucional a los artículos 4 y 123, la creación de cuatro leyes y la adecuación de 15 procedimientos legales.

Videgaray expuso que la reforma tiene el objetivo de abaratar los créditos tanto personales como para las pequeñas y medianas empresas, así como crear un sistema de seguridad social universal.

En el caso del paquete económico, expuso que su objetivo es aumentar la transparencia en el manejo de los recursos públicos que erosionan la base gravable.

El paquete incluye también los criterios generales de política económica que contienen las estimaciones del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), del tipo de cambio nominal promedio y del precio de referencia de la mezcla mexicana de petróleo de exportación, entre otros indicadores.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó en su momento que una vez que el documento llegara al órgano legislativo se turnará de inmediato a las comisiones correspondientes.

De acuerdo con el Artículo 74, de la fracción IV de la Constitución, el Ejecutivo hará llegar a la Cámara de Diputados el paquete económico 2014 a más tardar este 8 de septiembre, debiendo comparecer el secretario de Hacienda para dar cuenta del mismo.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que al proyecto de paquete económico para 2014 y las iniciativas de Reforma hacendaria y Seguridad Social “ni nuestro aval ni nuestro rechazo anticipado”.

Al recibir de manera formal el paquete económico, el legislador aseveró que estas propuestas serán analizadas con absoluta responsabilidad y con la convicción de que una política económica de Estado no sólo debe ser congruente, sino también integral.