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Opinión

Reforma Judicial: Presuntos Culpables. Por Isaías León

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La discusión del pasado 10 y 11 de septiembre ha sentado precedentes sobre lo que estamos viviendo como país en torno a una reforma al Poder Judicial. Después de que el efecto aplanadora se hiciera presente en la Casona de Xicoténcatl, «todo el mundo» comenzó a señalar culpables y traidores. Los primeros nombres que surgieron fueron los de Miguel Ángel Yunes Márquez y Miguel Ángel Yunes Linares; en segundo término, Araceli Saucedo y José Sabino, quienes pertenecían al extinto PRD (que al parecer pasaron desapercibidos).

Lo que no ha quedado claro, principalmente para quienes militan en la oposición, es que ya es tarde para encontrar culpables. El pueblo, aunque a muchos les cause un conflicto clasista, no es tonto ni ignorante. La sociedad se cansó, y vaya que tardó años (más de 80) en entender que, por más que se le siguiera creyendo a los mismos de siempre, las cosas no iban a cambiar.

Si los mexicanos quieren encontrar culpables, no es difícil. No es más que la oposición recalcitrante y vacía que hoy existe. Los mismos militantes lo saben; ellos mismos se cansaron de lo mismo de siempre en la vida interna de los partidos. Y cuando parecía que, seis años después del 2018, podrían despertar, lo único que hicieron fue convertirse en administradores de una derrota que era inminente. Nunca les importó el partido o los supuestos estatutos y principios que tanto se pregonan.

Lo primero que hicieron dirigentes como Alejandro Moreno y Marko Cortés fue pedir «que me anoten en la lista», hasta arriba, en la primera posición, donde no importa lo que pase, ni la cantidad de personas que salgan a votar. El escaño está asegurado.

¿Quién diría que aquellos que eran igual de felices en el Pacto por México hoy les pesara tanto verse desde el otro lado? Con un Acción Nacional que todos los días se resquebraja un poco más, un Revolucionario Institucional que intenta mantenerse a flote y un Partido de la Revolución Democrática que hoy está extinto

Los anteriores llevaron a Xóchitl a un callejón sin salida, a una antesala que encumbraría a la mujer más votada de la historia de México a la presidencia de la república.

La discusión sobre la reforma judicial está causando algo que no habíamos visto en mucho tiempo: la conversación salió de las paredes de la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Se le está arrebatando la conversación a los medios y está regresando a la sobremesa familiar y la vida cotidiana. A esos lugares en donde nos dijeron «aquí no se habla de política, religión, ni fútbol».

Entre más se discuta de estos temas tan coyunturales que, por muchos años, han sido censurados para no pelearte con tu tía, será posible generar pensamientos cada vez más críticos, con una realidad más cercana a lo que vivimos todos los días.

No puedo omitir las palabras vigentes de Adolfo López Mateos:

«La juventud se aventura cada vez más, abiertamente, por las sendas que conducen a nuestro futuro, con mayor y mejor preparación; con sana y creciente inquietud por los problemas nacionales y con aliento renovador que habrá de llevarla, en su hora, a asumir las responsabilidades que, en el vasto y variado campo de la vida mexicana, el devenir nacional le tiene reservadas».

Es la hora y es ahora.

Opinión

Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

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