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México

Reformar la ley de salud mental.

El Objetivo de la iniciativa de decreto se basa en los preocupantes los índices de Suicidio y que sean profesionistas de la salud mental quienes atiendan los problemas o afectaciones desde sus primeros indicios, así como Impulsar los derechos humanos y la erradicación del estigma y la discriminación contra personas que padecen algún trastorno mental y del comportamiento.
Se pretende establecer en la educación inicial, básica y media superior los mecanismos y herramientas necesarias para que los docentes o bien los mismos alumnos sean capaces de detectar afectaciones psicológicas en sus compañeros y puedan recibir tratamiento profesional a tiempo. Los programas escolares de aprendizaje social y emocional figuran entre las estrategias de promoción más eficaces
Así mismo detectar y evitar a quienes ejercen psicoterapia, consultoría organizacional, trabajo clínico o cualquier tipo de tratamiento sin tener la formación académica y profesional para hacerlo,
A lo anterior, el Diputado Noel Chávez Velázquez del Grupo Parlamentario del PRI, presentó reformar la Ley de Salud Mental del Estado de Chihuahua, así como el 17 de la Ley que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, cuidado y Desarrollo Infantil del Estado, a efecto de implementar programas y estrategias de detección y prevención en materia de salud mental dentro de la educación inicial, básica y media superior.
Entre las modificaciones a la ley está el garantizar el recibir una atención y tratamiento basados en fundamentos científicos actuales ajustados a principios éticos;
• Recibir atención psicoeducativa que proporcione a familiares y pacientes información específica acerca de su enfermedad, promoviendo la autonomía, el empoderamiento y la reintegración social.
• Ser tratado en un ambiente lo menos restrictivo posible de acuerdo a sus condiciones de salud.
• Acceder y continuar con el vínculo familiar y laboral.
• La divulgación completa de todos los riesgos documentados de cualquier fármaco propuesto o tratamiento.
• El derecho a tener acceso a hospitales con instalaciones completamente equipadas y personal médico calificado, para que puedan realizarse exámenes clínicos y físicos competentes.
• A que se les brinde terapia ocupacional, con técnicas, métodos y actuaciones que, a través de actividades aplicadas con fines terapéuticos, favorezca una mayor independencia y reinserción posibles de la persona en todos sus aspectos: laboral, mental, físico y social.
• El derecho a una educación, entrenamiento o adiestramiento para capacitarse mejor y contar con herramientas que impulsen su desenvolvimiento económico para cuando sea dado de alta de los centros de atención.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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