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Reforzará Senado medidas tras muerte de legislador

Luego de la muerte del senador Joel Molina y el contagio de legisladores que estuvieron en la sesión del 20 de octubre, la Cámara alta alista medidas para prevenir nuevos casos de Covid.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que el Senado debe continuar trabajando, por lo que se reunirá con los coordinadores parlamentarios para determinar las medidas que implementarán en las próximas sesiones. Por ley, el Senado debe aprobar a más tardar el próximo 31 de octubre la Ley de Ingresos.

«Debemos continuar trabajando en lo que creía (Joel Molina) y por lo que él luchaba, seguiremos transformando el marco legislativo que nos propusimos y continuaremos caminando en unidad de propósitos y con firmeza, a pesar de la miseria y la ruindad que, aún en la desgracia que nos enluta y entristece, se ha utilizado para atacarnos y para medrar sobre nuestras causas».

Monreal dijo que los acuerdos de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) tendrán como objetivo profundizar las medidas sanitarias que se han implementado y aseguró que en la sesión del 20 de octubre, en la que concretaron la extinción de 109 fideicomisos, sí se tomaron acciones para evitar contagios.

A esta sesión acudió Molina, quien falleció ayer a causa de Covid-19. Asistió también el morenista Alejandro Armenta, cuya presencia ocasionó la protesta de senadores, sobre todo del PAN, quienes acusaron que no había cumplido la cuarentena necesaria tras contagiarse, lo que ponía en riesgo a todos.

Este domingo, la emecista Verónica Delgado, quien acudió a esa sesión, anunció que dio positivo a coronavirus.

«En las próximas horas me reuniré con los coordinadores y las coordinadoras de grupos parlamentarios para acordar procedimientos y continuar profundizando las medidas sanitarias, como lo hicimos el pasado martes ante el cambio de sede», indicó.

Se prevé que entre las medidas que ratificará la Jucopo se encuentra la realización de pruebas para detectar a personas infectadas y evitar que acudan al Senado, aunque aún no está claro si éstas se limitarán a las y los legisladores o se extenderán a empleados.

Hoy, el grupo parlamentario del PAN envió al presidente de la Cámara alta, Eduardo Ramírez, y a Monreal una carta en la que solicitó que se implementen cuatro medidas: la aplicación previa a cada sesión de pruebas PCR no sólo a las y los senadores, sino a todo el personal que estará presente.

Además, que se pospongan todas las actividades legislativas, entre ellas sesiones ordinarias, reuniones de comisiones, foros y reuniones de trabajo hasta que se den a conocer los resultados de dichas pruebas y que se reactive de inmediato el Grupo de Trabajo Congreso Digital a Distancia con el fin de que se presente a la Jucopo, a más tardar el 30 de octubre, el proyecto de ley que les permita sesionar a distancia y de forma mixta en comisiones y en el pleno.

Finalmente, que se refuercen en el recinto legislativo todas las medidas sanitarias de conformidad con los más altos estándares nacionales e internacionales, incluyendo el uso obligatorio de cubrebocas, así como el respeto de tiempo máximo durante las reuniones.

«Durante esta semana se hizo de nuestro conocimiento que tres de nuestros compañeros legisladores de diversas bancadas sufrieron el contagio de Covid-19. Por lo que es necesario tomar medidas contundentes que nos permitan llevar a cabo nuestra labor parlamentaria en un entorno seguro para todas y todos los senadores y personas de asistencia que brindan su importante apoyo en el trabajo legislativo», señala la misiva.

Fuente: Reforma

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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