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México

Registra Gobernación mil 101 homicidios relacionados al narcotráfico durante marzo

De acuerdo a las cifras del Gobierno Federal, del 1 al 31 de marzo de 2013, se registraron mil 101 homicidios dolosos relacionados al crimen organizado, de los cuales, mil 36 a personas presuntamente responsables de hechos ilícitos.

De igual modo fallecieron 40 servidores públicos en el cumplimiento de su deber, así como 25 personas presumiblemente ajenas a los hechos.
Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina- Armada de México (Semar), así como la Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría General de la República (PGR) precisaron que en este lapso, 92 personas resultaron con alguna lesión por enfrentamientos y agresiones relacionadas a delitos federales.

En cuanto al rubro de los aseguramientos, el informe destacó que se incautaron 75.86 toneladas de marihuana.

Además se decomisaron 38.30 kilogramos de cocaína y tres mil 553.56 kilogramos de otras drogas, 28 kilogramos y 100 litros de precursores químicos, así como 380 kilogramos y cuatro mil 800 litros de sustancias químicas para la elaboración de drogas sintéticas y 19 laboratorios para el procesamiento de éstas.

También se aseguró un millón 755 mil 84 pesos mexicanos y 796 mil 332 dólares americanos, 981 vehículos, 483 mil 86 litros de combustible, mil 65 armas, 125 mil 313 municiones y 531 equipos de comunicación y de cómputo.

Sobre la erradicación de plantíos, las dependencias federales reportaron la destrucción de 687.85 hectáreas de marihuana y dos mil 492.80 hectáreas de amapola.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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