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México

Renuncia secretario de Seguridad señalado por patrimonio millonario

Arturo Bermúdez, secretario de Seguridad Pública de Veracruz, renunció a su cargo después de que una investigación periodística señalara que amasó un patrimonio millonario en sus años como jefe policial del violento estado gobernado por el priista Javier Duarte.

«Con el propósito de contribuir al ámbito de transparencia y rendición de cuentas he aceptado la renuncia de Arturo Bermúdez al cargo», dijo este jueves el gobernador de Veracruz (este), Javier Duarte, a través de su cuenta en Twitter.

La investigación, a cargo del equipo de la periodista Carmen Aristegui, señaló que el funcionario y su esposa compraron cinco casas en un lujoso complejo de Texas, Estados Unidos, por un valor de 2.4 millones de dólares a partir del 2012, un año después de que Bermúdez asumiera el cargo.

«Todos mis bienes son producto del trabajo como funcionario, ingresos fuera del Gobierno y a través de créditos. He actuado conforme a la ley», se defendió el miércoles el ahora exjefe policial asegurando que esas acusaciones formaban parte de un «linchamiento político».

Veracruz es uno de los estados más violentos de México por las pugnas entre el sangriento cártel de Los Zetas y el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) donde, en los últimos años, han aparecido numerosas fosas clandestinas, se han multiplicado las desapariciones de personas y han sido asesinados numerosos periodistas.

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Varios policías estatales y municipales de Veracruz han sido detenidos por estos crímenes, que aparentemente cometían de la mano del crimen organizado, como en el caso de los cinco jóvenes de Tierra Blanca que desaparecieron en enero después de haber sido detenidos por policías estatales y presuntamente entregados al CJNG.

Además, desde que Duarte asumió el poder en diciembre de 2010, Veracruz se convirtió en el estado más peligroso para los periodistas mexicanos con 19 comunicadores asesinados hasta hoy. En algunos casos, se comprobó la participación de policías en esos homicidios.

Veracruz estuvo gobernado por más de 80 años por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) del presidente Enrique Peña Nieto, pero tras el criticado mandato de Duarte, el partido sufrió una histórica derrota en junio quedando a manos del opositor Miguel Ángel Yunes Linares, que asumirá el poder en diciembre próximo.

EconomíaHoy

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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