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México

Representa Corral a México en Reunión Interparlamentaria

El Senador Javier Corral participó en la II Reunión Interparlamentaria México-Argentina, en la que se discutieron temas relacionados al tráfico de drogas, combate al narcotráfico y fortalecimiento del Estado de Derecho. Además, es destacable que los legisladores de ambos países incluyeran en la Declaración Conjunta la importancia del respeto, promoción y defensa de los Derechos Humanos, tema que ha impulsado el chihuahuense a lo largo de su carrera legislativa.

El Senador Javier Corral participó en la II Reunión Interparlamentaria México-Argentina, en la que se discutieron temas relacionados al tráfico de drogas, combate al narcotráfico y fortalecimiento del Estado de Derecho. Además, es destacable que los legisladores de ambos países incluyeran en la Declaración Conjunta la importancia del respeto, promoción y defensa de los Derechos Humanos, tema que ha impulsado el chihuahuense a lo largo de su carrera legislativa.

 

El panista formó parte de una comisión de legisladores mexicanos que se reunieron con sus similares de Argentina el 4 y 5 de mayo en la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de lograr una cooperación estrecha entre ambas naciones, junto a los gobiernos y sus parlamentos.

 

Legisladores argentinos se comprometieron a brindar sus conocimientos y experiencia legislativa sobre la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos y Desapariciones Forzadas, toda vez que el país sudamericano padeció los estragos de varias dictaduras.

 

Este encuentro fue posible en el marco del Acuerdo de Asociación Estratégica firmado por los ex presidentes Néstor Kirchner y Felipe Calderón en el año 2007. La primera Reunión Interparlamentaria se realizó en agosto del año pasado en la Ciudad de México.

 

El vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, José Rosas Aispuro, encabezó la delegación mexicana. Además de Corral Jurado también asistieron Mariana Gómez del Campo, Zoé Robledo Aburto, Luz María Beristain Navarrete, Jorge Aréchiga Ávila y Manuel Bartlett.

 

También asistieron los diputados Heriberto Galindez Quiñones, Leopoldo Sánchez Cruz, Adriana González Carrillo, Gabriela Medrano, Mónica García de la Fuente, Martha Beatriz Córdova Bernal, María del Carmen Martínez Santillán y Alejandro Rangel Segovia.

 

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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