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México

Reprueban el 84% de los aspirantes a una plaza de maestro

Ochenta y cuatro por ciento de los aspirantes a una plaza para maestro y que participaron en Concurso Nacional de Plazas Docentes obtuvo calificación reprobatoria o equivalente a 6.5 en una escala del uno al diez.

De acuerdo con los números publicados en la página oficial (www.concursonacionalalianza.sep.gob.mx), de los 134 mil 704 docentes que se sometieron, 21 mil 564 aspirantes, es decir 16. 10 por ciento de los sustentantes obtuvieron una calificación reprobatoria o menor.

La SEP estableció un rango de evaluación, donde el mínimo es de 700 puntos y la máxima de mil 300, con una media de mil, por lo que aclaró que quien obtenga un resultado igual o menor al puntaje equivalente a 30 por ciento de aciertos (880 puntos) serán considerados “no aceptables”.

68.7 por ciento de los aspirantes obtuvieron un porcentaje entre los 900 y mil 100 puntos, puntuación apenas aprobatoria, pero que serán considerados para concursar por una de las 12 mil 966 plazas de jornada.

Destaca que 20 mil 294 aspirantes obtuvieron entre mil 100 y mil 300 puntos, en una escala del uno al diez, entre calificación ocho y nueve. Solo 309 participantes, es decir 0.2 por ciento de los concursantes obtuvieron más de mil 300 puntos, calificación de diez.

De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Educación Pública, solo 16 entidades obtuvieron un promedio superior a los mil puntos, el resto se ubica por debajo de la calificación aprobatoria. Nuevo León fue la entidad con mejores resultados, al registrar un promedio de aprobación de mil 52 puntos, seguido por Querétaro con mil 34.2 en promedio y Colima con mil 33.8 puntos.

Los estados con peores puntaciones en promedio fueron Tabasco con 940.35 puntos, seguido de Sinaloa con 973.5, Nayarit de 975.1 y Campeche al registrar 981.8

El estado con mayor número de participación fue Jalisco, donde concursaron 14 mil 244 aspirantes, seguido de Puebla con 11 mil 45 y Guanajuato, donde 10 mil 884 personas buscan una plaza docente.

De los 182 mil 346 profesores que se registraron a la Quinta Edición de la Convocatoria Nacional para Plazas Docentes, 139 mil 786 reunieron los requisitos para concursar por una plaza. De ellos, únicamente 134 mil 704 fueron aptos para obtener una de las 74 mil 223 plazas que oferta la SEP.

Destaca que 12 mil 966 de las plazas son de jornada y 61 mil 257 horas-semana-mes consignadas en los anexos técnicos o de las plazas vacantes que se generen durante el ciclo escolar.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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