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Como activista no ha valido la pena: Julián LeBarón

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A poco más de una semana de que Julián Le Barón anunciara su salida del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad por considerar que se ha acercado demasiado al poder político, hoy esa organización encabezada por Javier Sicilia responde a los señalamientos del activista y asegura que no es interlocutor del gobierno, ni mucho menos sirve a los poderes políticos.

En el pronunciamiento, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad también adelanta que continuará su camino sin renunciar al diálogo ni a la resistencia civil pese a la salida del que fuera uno de sus más visibles líderes, junto con el escritor Javier Sicilia.

Aquí el pronunciamiento íntegro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad:

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad seguirá su camino sin renunciar ni al diálogo ni a la resistencia

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad es un espacio de encuentro en el que, a casi un año de su nacimiento, hemos coincidido víctimas de la guerra contra el crimen organizado, organizaciones civiles y sociales, ciudadanía, defensores de derechos humanos, así como artistas, poetas e intelectuales. Entre todos hemos emprendido dos tipos de acciones: diálogo con todos con los movimientos sociales que se han mostrado interesados en nuestra lucha, así como con autoridades de todos los órdenes de gobierno: tanto con los responsables de la procuración de la justicia como con los representantes políticos de la nación y de las diversas expresiones ideológicas. Hemos dialogado también con los medios de comunicación, líderes de opinión, con la academia, con empresarios, con iglesias pero en ningún momento hemos renunciado a la movilización y a la resistencia civil pacífica, ni dejado de denunciar la emergencia nacional que vive México.

Caminamos desde el reconocimiento de la diversidad de este país y denunciamos ante la sociedad mexicana y ante las instituciones gubernamentales –quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de las personas y la obligación de proteger, y respetar los derechos humanos–, los resultados equívocos de la estrategia de seguridad emprendida por las máximas autoridades de la nación.

Hemos buscado contribuir a la reconstrucción del tejido social a través de la organización y la solidaridad entre la ciudadanía; por eso trabajamos de manera constante y colectiva en acciones que buscan visibilizar el dolor de la guerra y la violencia, desde los casos individuales que han presentado las víctimas que mueven nuestro movimiento así como en los procesos colectivos que tienen su base en la comunidad, como es el caso de Cherán, Ostula y Wirikuta entre otros.

Muchos se han unido a nuestro caminar, pero no todos permanecen a nuestro lado, ya sea porque la mano siniestra del crimen y la omisión del poder que nos los han arrebatado, como es el caso de nuestros compañeros Pedro Leyva Domínguez, Trinidad de la Cruz (Don Trino) y Nepomuceno Moreno, (Don Nepo); o porque han compartido con nosotros el tiempo que les pareció pertinente y han tomado otros derroteros guiados por su conciencia u orillados por sus propias circunstancias.

En el caso del compañero Julián LeBarón –que ha se ha deslindado del nuestro movimiento– manifestamos que respetamos su decisión, pero también tenemos que decir que no compartimos su apreciación sobre el Movimiento: ni somos interlocutores del gobierno, ni mucho menos servimos a los poderes políticos. Somos una forma cívica y no violenta de resistencia a la guerra y a la violencia, una manifestación de la dignidad ciudadanía frente a la barbarie de la guerra y la estrategia militar emprendida por el presidente Calderón, y nuestra voz ha servido para visibilizar la causa de las víctimas y denunciar la incapacidad y la omisión de gobierno, así como la complicidad de autoridades frente a la criminalidad.

Por eso ante la emergencia nacional, desde nuestra diversidad y teniendo como centro a las víctimas de la violencia y del abuso del poder, seguiremos organizándonos y construyendo desde diversas acciones para contribuir para la paz con justicia y dignidad en México.

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México

INE estima gasto operativo de casi 4 mil millones para 2027

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El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio fiscal de 2027, monto que será incorporado al Anteproyecto de Presupuesto del organismo de cara al próximo proceso electoral federal.

La estimación fue elaborada a partir de un análisis metodológico sustentado en el comportamiento histórico registrado entre 2023 y 2025, bajo los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal del Presupuesto del instituto.

De acuerdo con la distribución prevista, las oficinas centrales concentrarán la mayor parte de los recursos, con una asignación de 2 mil 380 millones 841 mil 144 pesos. Por su parte, las juntas locales y distritales ejecutivas contarán con mil 567 millones 630 mil 392 pesos para sus operaciones.

El organismo electoral precisó que esta proyección tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario del instituto durante el año en que se desarrollarán las elecciones federales.

El cálculo presupuestal excluye diversos conceptos que forman parte de otros rubros de gasto. Entre ellos se encuentran los servicios personales, la Cartera Institucional de Proyectos, las prerrogativas destinadas a los partidos políticos nacionales y el denominado presupuesto precautorio.

Con esta previsión financiera, el INE busca establecer una base presupuestaria para la organización y operación del proceso electoral de 2027.

Por otra parte, la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló el pasado 25 de mayo que el organismo carece de facultades ministeriales y judiciales para investigar posibles vínculos entre candidatos y grupos del crimen organizado.

Ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad para las elecciones de 2027, la funcionaria planteó que la legislación defina con precisión las responsabilidades de cada institución involucrada. Asimismo, propuso que la verificación de antecedentes penales, financieros y de seguridad nacional sea realizada por instancias especializadas del Estado mexicano.

Según lo expuesto, el INE se limitaría a recibir los registros de los partidos políticos, remitir los expedientes a las dependencias competentes y notificar si existe algún impedimento legal para una candidatura.

Hasta el momento, la propuesta relacionada con la verificación de integridad de aspirantes continúa en discusión.

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