Opinión

Resurrección. Por Raúl Saucedo

TODOS VUELVEN

En el escenario de la política, presenciamos con frecuencia el auge y la caída de figuras que, en un momento dado, parecían destinadas al olvido histórico. Sus carreras, marcadas por escándalos, derrotas electorales o errores estratégicos en campañas y ejercicios de gobierno, se asemejan a un Viernes Santo Político, donde la oscuridad y el silencio parecen definitivos.

Sin embargo, al igual que la promesa de la Pascua sigue a la reflexión cuaresmal, en la arena política también observamos fenómenos de «resurrección», donde figuras aparentemente sepultadas logran un sorprendente retorno a la prominencia.

Esta capacidad de renacer, de levantarse de las cenizas de una carrera casi consumida, evoca inevitablemente la profunda significación de la Cuaresma. Este período de días, que culmina en la celebración de la Resurrección, es un tiempo de introspección, penitencia y renovación espiritual. Los fieles son llamados a reconocer sus errores, a despojarse de lo superfluo y a prepararse para un nuevo comienzo. De manera análoga, los políticos que experimentan un período de declive a menudo se ven forzados a una suerte de «Cuaresma Política».

Durante este tiempo en la sombra, algunos líderes reflexionan sobre sus errores pasados, buscando comprender las razones de su caída. Pueden dedicarse a reconstruir puentes rotos, a renovar su discurso y a reconectar con una ciudadanía que alguna vez les dio la espalda. Al igual que el ayuno cuaresmal busca purificar el cuerpo y el espíritu, este período de ausencia puede permitirles desprenderse de la arrogancia o los vicios que contribuyeron a su declive.

La «oración» entendiéndose como el diálogo íntimo con lo trascendental, puede traducirse en la esfera política como una escucha más atenta a las demandas del electorado. Aquellos que resurgen suelen haber aprendido la importancia de comprender y responder a las preocupaciones de la gente, en lugar de imponer una agenda propia.

Sin embargo, es crucial distinguir la genuina renovación de la mera manipulación. No toda reaparición política es una verdadera resurrección. Algunos intentos de retorno se basan en la amnesia colectiva, en la explotación de las divisiones sociales o en una simple estrategia de marketing. Estas «resurrecciones» carecen de la profundidad y la autenticidad del espíritu, que exige un verdadero arrepentimiento y un compromiso tangible con el cambio.

Así como la Resurrección religiosa es un testimonio de la esperanza y la redención, los casos genuinos de renacimiento político pueden ofrecer lecciones valiosas sobre la capacidad de adaptación, el aprendizaje de los errores y la posibilidad de un nuevo comienzo. No obstante, la ciudadanía tiene la responsabilidad de distinguir entre aquellos que verdaderamente han renacido tras su «cuaresma política» y aquellos que simplemente intentan reciclar viejas estrategias bajo un nuevo disfraz. La verdadera resurrección, tanto en la fe como en la política, se manifiesta en frutos tangibles de transformación y un compromiso renovado con el bien común.La reflexión de esta semana viene a colación de los paisajes carreteros y pueblerinos donde usted y yo visualizaremos nombres en bardas de tantos y tantos políticos que sueñan la resurrección anhelada o quizá simplemente quedaron sepultados en piedra…Tiempo al Tiempo.

@RaulSaucedo

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.