Todos los juicios que presenten las comunidades rarámuri y ódami y cualquier etnia en Chihuahua, deberán resolverse de acuerdo al protocolo internacional emitido recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obliga a jueces y magistrados a tomar en cuenta su condición especial de pueblos indígenas.

El protocolo para pueblos indígenas fue presentado el mes pasado por el ministro presidente de la SCJN, Juan Silva Meza, en el que se marca a todos los magistrados la obligación de aplicarlo en el caso de pueblos, personas o comunidades indígenas.

El protocolo establece que los jueces y magistrados deben atender primero el carácter con el que comparecen los pueblos indígenas, su personalidad, el interés jurídico, el criterio de auto identificarse o autodefinirse como indígenas, atender cuando el problema se trate de territorios en posesión de pueblos indígenas, la posibilidad de acceder a la jurisdicción del estado en cuanto a la tierra, territorio y consulta de estas comunidades.

Esto fue el resultado de la visita que indígenas ódami y tarahumaras de las comunidades de Choréachi y Coloradas de la Virgen, del municipio de Guadalupe y Calvo, y el de la comunidad de Mogótavo, del municipio de Urique, hicieron a los jueces octavo y segundo del juzgado de distrito, y la magistrada del quinto Tribunal Unitario Agrario.

Asi lo explicó Ernesto Palencia, abogado representante de la comunidad de Coloradas de la Vírgen, quien dijo que acudieron ante el Tribunal Unitario Agrario, quien en breve habrá de resolver el litigio que hace 5 años tienen como pueblo indígena, sobre el reclamo del derecho que les corresponde de consentimiento libre, previo e informado respecto a permisos de aprovechamientos forestal que SEMARNAT ha autorizado en el territorio tarahumara.

La estrategia de la presencia de los indígenas ante los jueces, es estar muy pendientes de la resolución que en estos días la magistrada emitirá al respecto de si los puebles tienen derecho a la consulta, al consentimiento libre, previo e informado, a un ambiente saludable, y a que los aprovechamientos impactan su posesión ancestral, a sus recursos naturales y alteración de su ecología.

Dijo que la magistrada Imelda Carlos Basulto, conoce el marco jurídico en materia de derechos humanos en materia de derechos indígenas, el nacional e internacional, y particularmente conoce el protocolo para pueblos indígenas que el mes pasado presentó el ministro Juan Silva Meza de la SCJN.

Por su parte, el Juez Octavo de Distrito, explicó que los indígenas pidieron información sobre el cumplimiento a la ejecutoria de la sentencia dictada por la SCJN, de la comunidad de Huitósachi, quien demandó la creación del Consejo Consultivo regional del Fideicomiso Barrancas del Cobre, para que ejerzan el derecho a la justicia en torno a las obras del fideicomiso.

En el Juzgado segundo de distrito, la Secretaria de Acuerdos los recibió, donde Miguel Parra, se manifestó en contra de las obras actuales del fideicomiso porque no hubo consulta a la ejecución de estas.

Miguel Parra recordó que el caso es tan grave, que en las obras se instaló una cerca de malla de acero que divide las comunidades, e impide el tránsito libre de los indígenas para desplazarse en su región.

En esta ciudad estuvieron presentes representantes y habitantes de las de las comunidades de Choréachi y Coloradas de la Virgen, del municipio de Guadalupe y Calvo, y el de la comunidad de Mogótavo, del municipio de Urique, quienes acudieron ante los citados jueces que llevan los casos de su comunidad.

Los jueces mostraron una gran sensibilización, ya que en próximas fechas se dictará sentencia en algunos de los litigios que llevan las comunidades, adelantó la abogada Alma Chacón, de CONTEC, quien representa algunas de las comunidades indígenas.

Las y los representantes vendrán de comunidades como Coloradas de la Virgen, Malanoche, Huitosachi, Bacajípare, Repechique y Mogótavo, fueron acompañados por el abogado Ernesto Palencia, de Alianza Sierra Madre A.C., Alma Chacón, de la Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (CONTEC), y de Horacio Lagunas, de Tierra Nativa A.C.

En el caso de Choréachi, están por llegar a la etapa de alegatos, para luego dictar sentencia sobre el respeto a su derecho al territorio, el acceso preferente a sus recursos naturales y el derecho a la consulta.

En el caso de Coloradas de la Virgen, ya se presentaron alegatos, por lo que sólo están a la espera de que se dicte sentencia en el Tribunal Unitario Agrario. La demanda de la comunidad es por el derecho a la consulta sobre los permisos de aprovechamiento forestal en territorio indígena.

En la comunidad de Mogótavo, al igual que la comunidad de Choréachi, están por llegar a la etapa de alegatos, quienes también reclaman su derecho al territorio.

Otro caso que se lleva en los juzgados de distrito es el de la comunidad de Huitosachi, referente a un amparo en el que exigen su derecho a la consulta ante el proyecto Barrancas del Cobre, junto con la comunidad de Mogótavo.

Asimismo, la comunidad indígena de Mala Noche, demanda en la vía de prescripción positiva, la propiedad del territorio que tienen en posesión ante el juzgado de Guadalupe y Calvo, el cual se encuentra en trámite.

Redaccion: Corina Muruato