En un intento por recapturar a Élmer Canales Rivera, también conocido como “Crook”, líder de la Mara Salvatrucha-13 (MS-13), el gobierno de El Salvador habría ofrecido pagar un millón de dólares al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), reveló una investigación perodística del medio salvadoreño El Faro.

Canales Rivera fue liberado ilegalmente en noviembre de 2021, como parte de un presunto acuerdo entre el gobierno y las principales pandillas salvadoreñas. Este esfuerzo por su recaptura se produce en un contexto previo a las elecciones presidenciales de febrero de 2024, sugiriendo un intento del gobierno salvadoreño por eliminar evidencia de sus pactos con grupos criminales.

La operación encubierta fue dirigida por Raúl Eduardo Reyes Escuintla, jefe de la División Élite Contra el Crimen Organizado (DECO), quien buscó la cooperación de individuos con conexiones en el bajo mundo mexicano. A pesar de los desesperados intentos de colaboración con traficantes de personas y coyotes, la elección final recayó en Rafael Eduardo J, alias “Rafa” o “Chafa”, un veterano y prófugo líder del Barrio 18 Sureños con interés personal en la operación debido a la captura de su hermana bajo el régimen de excepción salvadoreño.

La investigación periodística de El Faro, que tiene información documentada con llamadas telefónicas, documentos y conversaciones de WhatsApp, destapó la existencia de un pacto clandestino entre el gobierno de Nayib Bukele y las pandillas salvadoreñas, pacto que el oficialismo niega categóricamente. Los detalles de este acuerdo se vinieron a luz tras la captura de Canales Rivera por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en noviembre de 2023, revelando que desde su liberación, el gobierno salvadoreño le habría provisto incluso de armamento.

Rafael, usando su ingenio y conocimiento del mundo criminal, logró burlar al gobierno salvadoreño: nunca estableció contacto real con el CJNG ni concretó la recaptura de Crook, a pesar de haber recibido anticipos económicos prometidos para la operación.

Este caso no solo ejemplifica las complejas relaciones entre el estado y las organizaciones criminales en El Salvador, sino también la habilidad de individuos ajenos al gobierno para manipular estas dinámicas en su beneficio.

En última instancia, el FBI logró la captura de Canales Rivera sin la intervención del plan salvadoreño, mientras Rafael y su hermana entraban bajo protección de autoridades estadounidenses, dejando al descubierto la estafa perpetrada contra el gobierno de Bukele y poniendo en duda la capacidad y ética de las estrategias de seguridad del Estado salvadoreño.