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Política

Revés contra Roberto Sandoval: juez le negó amparo para evitar la confiscación de sus bienes

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El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, recibió un fuerte revés de la justicia mexicana luego de que un juez federal le negó la suspensión definitiva en el juicio de amparo que interpusieron él y su hija, Lidy Alejandra Sandoval López, contra el aseguramiento de algunas de sus propiedades por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

El Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal, determinó que no otorgaría el amparo en el que Sandoval Castañeda reclamó el aseguramiento de un predio y una parcela, mientras que su hija impugnó el aseguramiento de lotes, realizados en marzo de 2021, de acuerdo con la FGR.

La medida se realizó como parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDF/0000201/2020, iniciada por el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la FGR.

Roberto Sandoval (derecha) y su hija fueron detenidos en Linares, Nuevo León (Foto: archivo)Roberto Sandoval (derecha) y su hija fueron detenidos en Linares, Nuevo León (Foto: archivo)

El pasado 12 junio, el exgobernador de Nayarit fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que deberá permanecer en prisión cuatro meses, hasta el término de las investigación complementaria.

Pero el 6 de julio, Roberto Sandoval Castañeda, fue vinculado a proceso por cuarta ocasión, esta vez por el delito de falsificación de documentos para presuntamente adueñarse de 58 hectáreas cercanas a su rancho El Ensueño, ubicado en el municipio de San Blas.

Previamente, el ex mandatario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) enfrentaba tres cargos distintos. El primero es por presuntos delitos electorales, esto por usar en 2017 el Programa de Seguridad Alimentaria para condicionar el voto, otro por el desfalco de 83 millones de pesos del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado y un último del fuero federal por la supuesta realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Roberto Sandoval, detenido el pasado 6 de junio en Nuevo León, se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 de Tepic conocido como “El Rincón”.

(Foto: Cuartoscuro)(Foto: Cuartoscuro)

Fue gobernador de Nayarit de 2011 a 2017 y durante su administración se desató la violencia relacionada con el narcotráfico, se incrementó la deuda pública, hubo un bajo crecimiento económico y se desviaron millones de pesos de recursos públicos, por lo que al término de su mandato se hablaba de que tenía vínculos con el narcotráfico.

En mayo de 2019, Estados Unidos lo acusó de nexos con el narco en México, al haber recibido sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y congeló las cuentas que el ex mandatario estatal tenía en la Unión Americana.

Además, el Departamento del Tesoro incluyó al ex gobernador de Nayarit, en la lista de personas que cometieron actos de corrupción, que en su caso fue por los nexos con grupos delincuenciales de narcotráfico. Además, señaló que ni Sandoval Castañeda ni su familia pueden ingresar a ese país.

Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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