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Política

Reyes Baeza y otros exgobernadores frenan reelección de Alito Moreno en el PRI

La corriente Frente Amplio por la Renovación alertó de la intención de Alejandro Moreno de cambiar los estatutos para reelegirse.


De acuerdo con Reforma, la corriente Frente Amplio por la Renovación exigió la renuncia de Alejandro Moreno a la presidencia del partido, y se pronunció por pausar la Asamblea Nacional, convocada para el próximo domingo 7 de julio.

“Pedimos con firmeza lo siguiente: posición de la 24 Asamblea Nacional, recientemente convocada, para que se dé cuenta luego de que en el mes de agosto concluya el improrrogable mandato de la actual dirigencia”, expresaron.

En el escrito que difundieron, señalan que es indispensable la separación de la actual dirigencia “dada la dimensión de la grave crisis que vive el partido y por las cruciales transformaciones que éste requiere para seguir siendo una opción políticamente viable”.

Además, los priistas disidentes resaltan que en 2024, la dirigencia de “Alito” Moreno dio los peores resultados electorales de su historia, tanto por los votos recibidos como por los cargos alcanzados.

“El ejercicio de un liderazgo excluyente se convirtió con frecuencia en factor de división que propició el alejamiento o renuncia a cuadros valiosos, e incluso se procedió a expulsar a muchos de quienes no coincidían o desaprobaban el quehacer político de la dirigencia”, reclaman los priistas que se oponen a “Alito” Moreno.

¿Quiénes exigen su renuncia?

La corriente  Frente Amplio por la Renovación se integra por exlegisladores y exgobernadores del PRI como:

  • Dulce María Sauri, exlíder nacional del PRI y quien es vocera de la corriente
  • Natividad González, exgobernador de Nuevo León
  • José Reyes Baeza, exgobernador de Chihuahua
  • Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero

¿Qué proponen?

En su escrito, la corriente encabezada por Dulce María Sauri pidió la designación democrática de una dirigencia interna, compuesta por un grupo de “cuadros de prestigio y reconocimiento” para que conduzca los trabajos de la próxima Asamblea y las reflexiones y cambios de fondo que requiere el partido.

Además, refieren que el PRI debe de recomponerse o refundarse para resurgir y volver a sus principios de “democracia y justicia social”.

“El PRI, un partido casi centenario, ahora seriamente debilitado, debe repensarse, recomponerse o reembolsarse, para poder resurgir y hacer realidad, ante los nuevos escenarios que experimenta la vida nacional, los verdaderos principios de Democracia y Justicia Social que le dieron origen”, señalan los integrantes de la disidencia tricolor.

México

Senado abre periodo extraordinario con reformas que permitirían recopilar datos biométricos de ciudadanos

CIUDAD DE MÉXICO.– El Senado de la República inició este lunes un periodo extraordinario de sesiones con una agenda de 16 reformas de alto impacto, entre las que destacan propuestas polémicas por incluir la creación de bases de datos biométricos para diversas finalidades, desde el combate al lavado de dinero hasta la búsqueda de personas desaparecidas y el control de la telefonía móvil.

Tres de las iniciativas más controvertidas son la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley General en materia de Desaparición Forzada. Todas ellas comparten un eje común: la recolección, gestión o utilización de datos biométricos de ciudadanos.

En el caso de la reforma antilavado, se plantea otorgar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda la facultad de solicitar datos e imágenes a cualquier dependencia del gobierno federal, con el fin de identificar operaciones sospechosas. La propuesta ha sido cuestionada por su ambigüedad en torno a los límites y mecanismos de protección de datos personales.

Respecto a la nueva ley de telecomunicaciones, se busca establecer un registro nacional de usuarios de telefonía móvil con información biométrica, una medida que ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A pesar de ello, la iniciativa reaparece en la agenda legislativa, generando preocupaciones sobre una eventual reinstauración de mecanismos de vigilancia masiva.

Por su parte, las modificaciones a la legislación sobre desapariciones prevén incluir datos biométricos de familiares de personas no localizadas, como parte de los protocolos de búsqueda e identificación. Aunque se argumenta que esta medida puede agilizar los procesos, organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el riesgo de mal uso de esta información.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que durante el periodo extraordinario —que se extenderá del 23 de junio al 2 de julio— podrían abordarse hasta 22 reformas, con sesiones incluso programadas para sábado y domingo. Agregó que existe la posibilidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum envíe nuevas iniciativas, las cuales se incorporarían a la agenda.

La jornada de este lunes inició con la discusión de la reforma al artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, que busca prohibir el uso de ejemplares de mamíferos marinos en espectáculos. Sin embargo, el debate de mayor tensión se anticipa conforme avancen los días y se aborden las reformas que tocan temas sensibles como seguridad nacional, telecomunicaciones, fiscalización y derechos fundamentales.

Entre las reformas enlistadas también figura la expedición de una nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, el rediseño normativo de la Guardia Nacional, una nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública, y la transferencia de funciones del Coneval al INEGI.

La discusión de estas reformas ocurre en un contexto en el que organismos civiles, expertos y sectores de la oposición advierten sobre una creciente tendencia hacia la centralización del poder y la expansión de facultades de vigilancia del Estado, sin mecanismos de control institucional suficientes.

Los próximos días serán clave para definir el rumbo de estas propuestas y su impacto en los derechos de millones de mexicanos. El debate está abierto, pero la preocupación por el posible uso indiscriminado de datos personales —en nombre de la seguridad— ya es evidente dentro y fuera del Senado.

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