Opinión
Rezagados: Vacunando Chiapas. Por Itali Heide
En los confines de la selva chiapaneca, donde los susurros de la naturaleza se entrelazan con el ruido de la vida cotidiana, una realidad desafiante emerge. La pandemia ha tejido una trama inesperada, revelando la fragilidad de nuestros sistemas de salud y encendiendo el debate sobre la equidad.
Frente a cualquier crisis, siempre surge una oportunidad de crecimiento y transformación. La pandemia llegó de manera sorpresiva, cambiando no solo nuestra percepción de la prevención, sino también generando debates cruciales sobre la equidad en la salud a nivel global.
A pesar de los esfuerzos mundiales para la vacunación, se han presentado lamentables consecuencias, como el debilitamiento de los programas de inmunización en Chiapas.
La situación alarmante en Chiapas
En pleno 2022, en Chiapas se observaron tasas de vacunación más bajas de las registradas en los últimos 20 años, marcando un sombrío capítulo que llevó a que tasas de vacunación se desvanecieran, retrocediendo décadas en un abrir y cerrar de ojos.
A pesar de contar con uno de los programas de vacunación gratuita más amplios y accesibles del mundo, lamentablemente menos del 23% de los niños en este estado recibieron la protección completa que merecen. Este sombrío telón no solo pone en juego la vida de los más jóvenes, guardianes del futuro, sino la salud y la seguridad de todo un estado y de la nación entera.
Necesidades urgentes
Muchos obstáculos han entorpecido el camino hacia una cobertura vacunal sólida, desde la falta de infraestructura sanitaria y la asignación inadecuada de recursos hasta la gestión deficiente y la falta de atención de parte de autoridades. Aunque la pandemia no causó los problemas enraizados en el acceso al Programa de Vacunación Universal (UVP), sí se han visto exacerbados por la misma. Es aquí, en medio de los claroscuros de la vacunación universal, donde surge una llamada a la acción.
Llamando a la acción
Es cierto que la responsabilidad de desarrollar campañas para controlar enfermedades transmisibles y prevenibles recae en las instituciones sanitarias estatales. Sin embargo, la inacción lleva a la necesidad de otras voces.
Las manos tendidas de Medical Impact buscan tejer una red de esperanza y progreso en Chiapas. Medical Impact ha trabajado incansablemente para poner estos temas en relieve, con la esperanza de que las voces de muchos insten a las instituciones superiores a hacer más. ¿Cuáles son algunas de las propuestas de Medical Impact para la Secretaría de Salud?
Fortalecimiento de la cadena de frío
Una de las partes más difíciles para garantizar que la vacunación llegue a todos los rincones de Chiapas es la cadena de frío, un desafío complejo en el clima tropical. Sin embargo, es clave para asegurar el acceso a las vacunas, y es necesario implementar sistemas de alta calidad que aseguren la protección y la eficacia de las vacunas.
Otra clave reside en tejer puentes hacia comunidades que han sido olvidadas por servicios de salud, buscando revertir las brechas. En estas comunidades, donde la presencia de los servicios de salud es tan lejana como una ilusión, se vuelve crucial establecer metas alcanzables para aumentar esquemas completos de vacunación. El retorno a la educación presencial brinda una valiosa oportunidad para activar las campañas de vacunación, aprovechando el sistema educativo como plataforma para difundir información.
Alcanzar a las comunidades vulnerables
Dentro de la reversión de las brechas de equidad de salud, urge la necesidad de campañas de vacunación que lleguen directamente a comunidades remotas, vulnerables, alejadas, u olvidadas, con un enfoque desde sus contextos locales, lenguas indígenas y prácticas culturales.
Las campañas continuas e informativas de concienciación sobre la vacunación, centradas en desmitificar y abordar las dudas sobre las vacunas, son fundamentales para mantener actualizados los calendarios de vacunación y educar a la población sobre el impacto positivo en la sociedad, la economía y la salud pública.
Colaboración con la sociedad civil
La lucha en Chiapas no puede ser librada en solitario. La participación de las organizaciones de la sociedad civil es clave, y en su participación activa, se construye un puente entre lo gubernamental y lo ciudadano. Esta alianza impulsa la democracia saludable, señalando los rincones olvidados de la legislación.
Es cierto que esta carga no recae en sus hombros, pero el eco resuena cuando las instituciones gubernamentales no hacen lo suficiente, urgiendo un cambio desde la opinión y la acción pública.
¿Qué sigue?
El reloj avanza, marcando el pulso de una realidad urgente en Chiapas y en todo el país. La vacunación universal, lejos de ser un capricho, es un derecho humano fundamental. Esta necesidad se desvanece en Chiapas, una llama frágil que clama por ser avivada tras las bajas tasas de vacunación. Fortaleciendo los cimientos de la infraestructura, implementando estrategias alcanzables y tejiendo una nueva narrativa.
Ahora más que nunca, es hora de priorizar el bienestar de los niños y del futuro, asegurando que nadie quede rezagado en la búsqueda de una salud y un bienestar universal. El lienzo brillante de Chiapas nos muestra la conexión entre la lucha humana y la paz de la vida mexicana, pero en esta ocasión, debemos escribir un nuevo capítulo, asegurando un futuro más saludable y resiliente para Chiapas y para México.
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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