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México

Roberto Palazuelos emprenderá acciones legales contra Lydia Cacho por difamación

Hace unos días Lydia Cacho acusó a Roberto Palazuelos por ser parte de una red de lavado de dinero, despojos y desapariciones en Tulum, Quintana Roo; el llamado «Diamante Negro» se defendió y aseguró que emprenderá acciones legales en contra de la periodista por difamación y calumnia.

El 28 de diciembre de 2021 Lydia Cacho, a través de su cuenta de Twitter, respondió a un comentario en el que se habla de las intenciones de Roberto Palazuelos para contender por la gubernatura de Quintana Roo, abanderado por el PRD.

La periodista mostró su posición ante lo que el actor pretende hacer y recalcó que habría sido partícipe de los presuntos delitos que habrían sido cometidos por empresarios y políticos en Tulum y que ella expuso en la investigación que publicó en 2015.

Además de denominar a lo que está ocurriendo entre el actor y el PRD como “la decadencia absoluta”, señaló que el mismo partido político con el que Palazuelos pretende llegar a la gubernatura tiene la evidencia de que él “es parte de la red de lavado de dinero, despojos y desapariciones”.

Ante este comentario, el Diamante Negro se defendió en un comunicado de prensa que difundió este 5 de diciembre. En éste, antes de referirse a lo escrito por Cacho, aseguró que le tiene respeto al periodismo. No obstante, argumentó que hace seis años no fue mencionado en dicha investigación de la comunicadora y le extraña que ahora que mostró su interés por contender por la gubernatura, sí.

“Niego categóricamente lo publicado hace unos días por la Sra. Lydia Cacho donde hace referencia a una investigación que hizo hace 6 años sobre presuntos delitos alrededor de terrenos ejidales en Quintana Roo. En dicha investigación nunca hizo referencia a mi persona, lo que ahora si hace, esto resulta muy extraño pues me menciona ahora que voy en primer lugar rumbo a la sucesión a Gobernador de Quintana Roo”, se lee en la misiva.

Asimismo, señaló que es reconocido por la Asociación de Hoteleros de Quintana Roo, además de que es de dominio público que sus propiedades en dicho estado las ha construido desde hace más de 20 años atrás, por lo que “su ‘investigación’ ahora modificada está claramente equivocada”, dijo.

Y es que en su investigación Tulum: Tierra de ambiciones, Cacho expuso los violentos despojos que ejidatarios en dicha localidad sufrieron. En el texto no se menciona el nombre del actor, sin embargo, la periodista aseguró en su tuit que Palazuelos también habría formado parte de red de políticos y empresarios que serían responsables de los supuestos delitos cometidos.

Finalmente, el Diamante Negro dijo en su comunicado que demandará a la escritora de Los demonios del Edén por difamación y calumnia en su contra, de esa forma tendrá que presentar ante las autoridades correspondientes las evidencias que sustenten sus acusaciones. Asimismo, aseguró que sus representantes legales ya están al tanto de la situación y se encuentran ya preparando su defensa en los juzgados.

“Me veo en la necesidad de emprender acciones jurídicas por la vía civil por difamación y calumnia en contra de esta persona, ya que todo lo que dice tendrá que probarlo en un juzgado, por ello he instruido a mi equipo de abogados a que documenten toda la información que ha salido en medios, para estar en aptitud de presentarla ante una autoridad jurisdiccional. Con estas evidencias se procederá en contra de la señora para que responda ante la ley”, terminó su mensaje.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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