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México

Robo de cabello llega a Guerrero; Fiscalía ya investiga ataque a secundaria

Este martes pasado, un grupo de cuatro sujetos armados irrumpió en la telesecundaria Cuitláhuac de la colonia La Frontera del puerto de Acapulco para cortarle el cabello a 20 estudiantes y dos maestras.

«Teníamos tanto miedo que creíamos que nos iban a cortar la cabeza, pero sólo nos cortaron el pelo y pues no sabíamos qué hacer, nada más nos mirábamos unos a otros», narró una de las alumnas a un reportero del diario La Plaza.

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De acuerdo con los testigos, los hombres obligaron a las alumnas a arrodillarse y atarse el cabello, después con tijeras, machetes y ganchos filosos comenzaron a cortárselo.

Los hombres también asaltaron la escuela primaria Cuitláhuac y la preparatoria Armando Chavarría; sin embargo, en estos sólo asaltaron sin llegar a robar el cabello a las alumnas.

Esta es la segunda ocasión que este plantel educativo presenta actos de violencia pues en 2017 fueron víctimas de actos vandálicos.

Por su parte, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, señaló que la Fiscalía estatal ya comenzó la indagatoria para dar con los responsables de esta agresión aunque, dijo, no tiene como línea de investigación el robo de cabello.

«Algunos medios han sacado esa versión del móvil de la agresión, pero no se ha establecido nada, lo que sí es cierto es de que condenamos este hecho indignante cometido contra los estudiantes», manifestó.

Este jueves, alrededor de 200 escuelas se unieron a la suspensión de clases a raíz del aumento de violencia en las escuelas de la entidad lo cual afectó a más de 20 mil alumnos.

ANTECEDENTES
Jalisco vivió una ola de robo de cabello similar a ésta durante 2014. La entidad reportó un aumento del delito de robo de cabello contra sus ciudadanas, sobre todo, en Guadalajara y su Zona Metropolitana.

La desintegración de los cárteles del narcotráfico generó células que diversificaron los delitos como el secuestro, asalto, extorsión, cobro de piso y robo, entre ellos, el de cabello.

La Fiscalía informó en aquel año que los delincuentes vigilaban a sus víctimas por días para después atacarlas y cortarles el cabello. Posteriormente, éstos vendían el cabello a 100 pesos o más en algunas estéticas de la capital jaliscience.

DELITO PATRIMONIAL
En esta situación, el robo de cabello se tipificó como un delito patrimonial o contra el patrimonio, es decir, a aquellos que consideran al robo, el fraude y el abuso de confianza.

Las penas para este delito dependerá de la entidad en la que se cometa, en el Código Penal del estado de Guerrero se puntualiza que la pena para este robo puede ser de «uno a dos años de prisión y de cincuenta a cien días multa, cuando el valor de lo robado no exceda de cien veces el salario mínimo o cuando no sea posible determinar el valor de lo robado».

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«De dos a cuatro años de prisión y de cien a doscientos días multa, cuando el valor de lo robado exceda de cien pero no de quinientas veces el salario mínimo», agrega.

El costo del cabello puede variar dependiendo su uso, aquel que no está tratado y se encuentra en buenas condiciones puede alcanzar hasta 12 mil pesos en internet.

Éste también es un delito común en países como Venezuela y la India donde los delincuentes venden el cabello a traficantes para crear pelucas que después venden en países como Estados Unidos, la Unión Europea o China.

Con información de Reforma y La Silla Rota

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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