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Roche consigue aprobación para prueba de anticuerpos de Covid-19

Roche obtuvo una aprobación de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para una prueba de anticuerpos que determina si las personas han estado alguna vez infectadas con el nuevo coronavirus, dijo el domingo el fabricante suizo de medicamentos.

Thomas Schinecker, jefe de diagnósticos de la farmacéutica suiza, dijo que la compañía tiene como objetivo duplicar la producción de pruebas de unos 50 millones a más de 100 millones al mes para finales de año.

Los gobiernos, las empresas y los particulares están tratando de realizar los análisis de sangre para saber quiénes han tenido la enfermedad y quiénes tienen alguna inmunidad para elaborar estrategias que ayuden a poner fin a los confinamientos.

Roche, con sede en Basilea y que también realiza pruebas moleculares para identificar infecciones activas por COVID-19, dijo que su prueba de anticuerpos tiene una tasa de especificidad superior a 99,8% y una sensibilidad de 100%, lo que significa que mostraría muy pocos falsos positivos y ningún falso negativo.

Un resultado falso positivo podría llevar a la conclusión errónea de que alguien tiene inmunidad. Roche dijo que su prueba se basa en la extracción de sangre por vía intravenosa, con mayor precisión que las pruebas de pinchazo en los dedos.

“Si se extrae sangre de un pinchazo en el dedo, nunca se podrá alcanzar el mismo nivel de especificidad que se consigue (…) cuando se extrae sangre de la vena”, dijo Schinecker.

“Tienes que tener una especificidad muy, muy alta. Incluso el 0,1% o el 0,2% hace la diferencia”.

Pruebas similares de anticuerpos han sido desarrolladas por compañías como Abbott Laboratories en Estados Unidos, Becton Dickinson y DiaSorin en Italia.

Abbott ha dicho que la especificidad y la sensibilidad de su prueba son de 99,5% y 100% respectivamente. Diasorin ha afirmado que su prueba Liason XL tiene una sensibilidad de 97,4% y una especificidad de 98,5%.

A medida que aumenta la demanda de pruebas de anticuerpos, una serie de distribuidores sin antecedentes o competencias reconocidas en pruebas también se han unido a las compañías con experiencia en un mercado que está todo menos regulado en Estados Unidos, según una investigación de Reuters.

Roche no reveló el precio de su prueba, pero dijo que sería idéntico en todo el mundo.

Fuente: Reuters

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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