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México

Rolando revela más ex funcionarios implicados en el caso “Conexión Coahuila”

l empresario Rolando Gonzáles Treviño, reveló que más que el ex gobernador se encuentran implicados más ex funcionarios y empresarios, en la participación del desvió de fondos del erario público del Estado de Coahuila.

A cambio de su libertad Gonzáles Treviño entregó información a la Corte Federal, en donde menciona a Jorge Torres, también ex gobernador y el de Vicente Chaires, hombre de todas las confianzas de Humberto Moreira, entre otros personajes que presuntamente están involucrados en esta y otras operaciones con recursos del Estado.

«Durante la administración del ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, una red de políticos y empresarios desviaron recursos de las arcas estatales para invertir millones de dólares en negocios ilegales, entre ellos, medios de comunicación y del sector minero, en el estado de Texas, Estados Unidos, de acuerdo con declaraciones de uno de los implicados: Rolando González Treviño, que en los últimos días ha empezado a soltar nombres, fechas, montos y lugares, se lee en el portal sin embargo.

En base a información publicada con el diario San Antonio Express, esta red de lavado estaría protagonizada por Humberto Moreira Valdés, también ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Actualmente González Treviño, se encuentra en espera de una sentencia programada originalmente para el 15 o 16 de septiembre; por lo que el empresario ofreció información del hecho a los fiscales, bajo la consciencia de que su pena puede ser reducida.

En su reciente declaración Rolando además de declararse culpable, coopera con las autoridades estadounidenses  y relata los movimientos realizados en ese tiempo con fechas de operaciones realizadas en la «Conexión Coahuila»; ante lo cual narra detalles de vuelos, ciudades, sitios específicos de encuentros e incluso describe diálogos y entornos en los que se dio el supuesto acuerdo para operar los recursos obtenidos de manera ilícita de las arcas públicas de Coahuila.

En base a documentos judiciales de la Corte Federal de Estados Unidos, la red de desvío de recursos públicos de Coahuila para ser lavados en Texas, en la que presuntamente está involucrado el ex presidente del PRI, incluye a otros 10 personajes, en su mayoría ex funcionarios de su administración.

Por tanto la llamada «Conexión Coahuila» estaría integrada por ex funcionarios del Gobierno de Moreira, sus familiares y empresarios.

El ex Gobernador interino de Coahuila, Jorge Juan López Torres, actualmente indiciado por lavado de dinero y fraude en Corpus Christi, Texas, sería otro de los implicados en la conexión, de quien fiscales estadounidenses aseguran que es propietario de una casa en el lago Conroe cerca de Houston, misma que obtuvo con dinero ilícito producto de diversos fraudes en México.

Otro implicado es Vicente Chaires Chávez, quien se desempeñó como director de Administración del Gobierno de Coahuila de 2005 a 2010, de quien en 2011 senadores estadounidenses pidieron que se le investigara, pero hasta ahora no se le han imputado cargos.

También se señaló al ex tesorero Héctor Javier Villarreal Hernández, detenido el 12 de febrero de 2012 fue detenido en El Paso, Texas, en Estados Unidos, acusado de lavado de dinero y robo de recursos del erario estatal.

Entre los empresarios  involucrados en la red de lavado se encuentran: Guillermo Flores Cordero así como su esposa, Leticia María de Guadalupe Galán Villalobos, Lorenzo Schuessler, procesado por lavado de dinero y narcotráfico.

Raúl González Treviño, Francisco Xavier Flores Valdez, sobrino del ex Gobernador Humberto Moreira, así como el hermano de Rolando, Roberto Casimiro González Treviño.

Fuente: Rasa Informa

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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