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México

Rompe récord PEMEX en robo de combustibles

Pemex espera romper en 2013 un nuevo récord, pero en robo de combustibles.

Pemex espera romper en 2013 un nuevo récord, pero en robo de combustibles.

La petrolera estima que este año el valor de los productos sustraídos de manera ilegal de sus ductos e instalaciones llegue a los 7 mil 605 millones de pesos.

Esto significa un importante aumento en relación con 2011, cuando la afectación para Petróleos Mexicanos fue de 5 mil 72 millones de pesos.

Al mes de octubre, en el País se han detectado 2 mil 167 tomas clandestinas, lo que significa un récord en el robo de combustibles en la historia de la paraestatal.

El anterior récord era de 2012, cuando se registraron mil 749 puntos de ordeña, mientras que en 2011 hubo mil 419.

Los estados con más ordeña son Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Sinaloa y Puebla, que concentran el 74.7 por ciento.

Tan sólo Tamaulipas tiene el 20 por ciento de las tomas con un total de 441.

El tamaño del robo es tal que las pérdidas estimadas de la petrolera este año son 11.5 por ciento superiores a las ventas de gasolina Premium en el mes de octubre.

También representan más del doble del presupuesto asignado a la Secretaría de Energía este año, que ascendió a 3 mil 294 millones de pesos, y supera con 600 millones al de la Cámara de Diputados.

Del total de productos que le roban a Pemex, 90 por ciento corresponde a combustibles como gasolina y diesel, aunque, de acuerdo con la paraestatal, ya se está detectando también la sustracción ilegal de crudo.

Fernando González Piña, secretario general de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, advirtió que el elevado índice de robo ya está afectando el suministro en Puebla, donde las terminales de abasto se quedan sin combustibles.

Pese a esto, explicó, actualmente sólo es posible consignar por robo de combustibles cuando se detecta en flagrancia durante la extracción de una toma clandestina.

«Cuando un empresario detecta una actividad ilícita, la única herramienta que tiene es denunciar, pero, finalmente, la venta de la gasolina en tambos no es un delito», refirió González Piña.

Agregó que los productos robados se comercializan al margen de las carreteras, sobre todo en el caso de diesel, pese a lo cual, dijo, en los estados donde más robo existe no se castiga dicha actividad.

En tanto, en su última comparecencia ante diputados, el 20 de noviembre, el director de Pemex, Emilio Lozoya, pidió penas más severas para castigar este ilícito.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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