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México

Saldrá en Diciembre el niño sicario «esté reinserto o no»

Edgar, El Ponchis, abandonará el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (Cempla) «este reinserto o no», afirmó Ana Virina Pérez Güemes y Ocampo, magistrada presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA).

Edgar, El Ponchis, abandonará el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (Cempla) «este reinserto o no», afirmó Ana Virina Pérez Güemes y Ocampo, magistrada presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA).

Así respondió la magistrada ante la acción que inició la ombudsman morelense, Lucero Benítez Villaseñor, en el sentido de acudir al Cempla para solicitar un informe sicológico del adolescente y saber si las autoridades lograron reinsertarlo a la sociedad.

Edgar se encuentra en prisión desde el 3 de diciembre de 2010 y en los próximos días cumplirá con la medida sancionadora que le impuso un juzgado oral por conductas antisociales de delitos contra la salud en su modalidad de transportación de cocaína y mariguana.

Además, por posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada con fines de secuestro, y homicidio doloso.

Pérez Güemes y Ocampo dijo que durante los tres años de medida sancionadora impuesta contra el adolescente, las autoridades del Cempla designaron a un sicólogo para su tratamiento, pero lo rechazó, entonces, el TUJA contrató otro terapeuta sólo para Edgar.

En su opinión, era lógico el rechazo a la terapia y desconfianza, pues se trataba del mismo sicólogo que atendía a los menores de 18 años del Cempla.

«Obtuvimos resultados favorables, pero quienes han estado en terapia saben que se lleva muchos años trabajar la historia de personas, es un trabajo que implica muchos años, lo que no se va poder hacer con Edgar.

«Hemos hecho todo lo que se ha podido con él, sin embargo, él tiene que concluir ya el 3 de diciembre, es el límite para que concluya su medida sancionadora, este reinserto o no, tiene que salir. Es un principio de legalidad», afirmó Pérez Güemes.

Además negó que se vaya a analizar si esta está listo para salir o no. «Esto no es así, la sentencia que se le impuso fue de tres años de privación. Durante estos tres años trabajamos lo más que se pudo con él, haya la reinserción o no, tiene que salir porque es el principio de legalidad no podemos ampliar pena», insistió.

La magistrada explicó que el órgano impartidor de justicia respeta el principio del derecho de los niños, pero observó que al tratarse de un tema importante para la sociedad, el tribunal no puede guardar silencio y la sociedad tiene el derechos a estar informada con los límites, porque el menor Edgar también tiene el derecho de que no se den a conocer particularidades de su caso.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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