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México

Salinas Pliego me confronta por haber tenido que pagar impuestos: AMLO

En la conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abordó un conflicto relacionado con el cobro de impuestos entre su administración y el empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca.

AMLO reveló que Salinas Pliego ha estado llevando a cabo una campaña en su contra, supuestamente debido a desacuerdos en torno al pago de impuestos.

Recientemente TV Azteca ha criticado la labor del gobierno en torno a cómo ha sido su actuar ante el huracán Otis en Acapulco, previamente criticó los libros de la SEP y los llamó “libros comunistas”.

A pesar de esta campaña, López Obrador afirmó que su intención no es entrar en confrontación con el empresario, sino más bien garantizar que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias.

El Presidente mencionó que Salinas Pliego ha permitido críticas y comentarios negativos sobre su gobierno en los medios de comunicación que posee.

López Obrador expresó comprensión hacia el malestar de Salinas Pliego pero recalcó la importancia de no quedarse callado frente a esta situación y de no ser cómplice de la evasión de impuestos.

El presidente citó ejemplos de otros contribuyentes que han pagado cantidades significativas en impuestos y se han cuestionado por qué se le exigiría a ellos mientras las élites empresariales evitan cumplir con sus obligaciones fiscales.

Se mencionó que Salinas Pliego ha presentado una querella contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT) relacionada con los impuestos que se le exigen.

López Obrador explicó que ha aconsejado a Salinas Pliego que se someta a una revisión por parte del SAT para determinar si existe una justificación para el pago de impuestos en disputa.

SAT dice que Salinas debe pagar los impuestos

El SAT concluyó que el empresario debe pagar los impuestos en cuestión, pero Salinas Pliego no ha aceptado esta decisión y ha expresado su desacuerdo. Se espera que las autoridades competentes resuelvan el caso.

El presidente también destacó que el Ministro Luis María Aguilar ha estado involucrado en el caso y ha sido criticado por demorar su resolución, lo que ha llevado a que el asunto se presente ante la Corte Suprema. López Obrador instó a que se resuelva el caso en favor de la legalidad.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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