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México

Samsung suspende bloqueo de celulares del mercado gris

Se echan para atrás: Samsung y Motorola suspenden bloqueo de celulares tras orden de Profeco

La Profeco y el IFT ‘entraron al quite’ ante el bloqueo masivo de celulares adquiridos en el mercado gris por parte de Samsung, Motorola, Oppo, ZTE, etc.

Motorola y Samsung se vieron forzadas a detener el bloqueo masivo de celulares adquiridos en el mercado gris. (Shutterstock | Samsung | Motorola)

Samsung y Motorola anunciaron que suspenderán el bloqueo de celulares adquiridos en el llamado mercado gris, después de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) los exhortara a suspender de manera inmediata esta práctica que ya había afectado a miles de usuarios.

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A través de un comunicado oficial, la Profeco dijo que el bloqueo absoluto de los celulares atentaba contra los derechos de los consumidores y usuarios finales, por lo que ambas compañías se vieron forzadas a detener los bloqueos.

Asimismo, les pidió formar parte de un grupo de trabajo en el que participen los distintos actores involucrados, a fin de “identificar medidas e implementar acciones para hacer frente a los retos que plantea el mercado gris”.

La primera compañía en acatar la orden fue Samsung, empresa que aseguró cumplir de manera irrestricta el marco regulatorio de México.

“En este sentido, y en línea con la solicitud que realizó Profeco junto al IFT; suspenderemos el bloqueo de teléfonos celulares provenientes del mercado gris. Así mismo, manifestamos nuestra disposición e interés en participar en las mesas de trabajo, a fin de encontrar, junto con las autoridades y demás participantes de nuestro sector, la mejor solución para hacer frente a la problemática que genera el mercado gris en México”, informó la compañía coreana.

Samsung no informó sobre qué pasará con los celulares que fueron bloqueados.


¿Qué respondió Motorola?

En tanto, Motorola -a través de medios de comunicación- también anunció que detendrá toda inhabilitación a celulares de mercado gris en México.

Además de que restablecerá los teléfonos que ya había deshabilitadoen los próximos días.

“Dado que el usuario está siempre en el centro de nuestra estrategia, desde Motorola vamos a habilitar para su uso los dispositivos irregulares que se activaron desde el 27 de julio durante los próximos días”, dijo la empresa a Xataka.

Sin embargo, Motorola adelantó que seguirá enviando “notificaciones de concientización a los dispositivos que provengan de distribuidores no autorizados.

“Pese a que durante los últimos meses se ha logrado reducir el mercado gris en más de un 70 por ciento con las acciones que tomó la compañía, con el objetivo de acompañar el pedido de las autoridades gubernamentales, Motorola suspenderá la deshabilitación de los equipos”, añadieron.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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