Se echan para atrás: Samsung y Motorola suspenden bloqueo de celulares tras orden de Profeco
La Profeco y el IFT ‘entraron al quite’ ante el bloqueo masivo de celulares adquiridos en el mercado gris por parte de Samsung, Motorola, Oppo, ZTE, etc.
Motorola y Samsung se vieron forzadas a detener el bloqueo masivo de celulares adquiridos en el mercado gris. (Shutterstock | Samsung | Motorola)
Samsung y Motorola anunciaron que suspenderán el bloqueo de celulares adquiridos en el llamado mercado gris, después de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) los exhortara a suspender de manera inmediata esta práctica que ya había afectado a miles de usuarios.
A través de un comunicado oficial, la Profeco dijo que el bloqueo absoluto de los celulares atentaba contra los derechos de los consumidores y usuarios finales, por lo que ambas compañías se vieron forzadas a detener los bloqueos.
Asimismo, les pidió formar parte de un grupo de trabajo en el que participen los distintos actores involucrados, a fin de “identificar medidas e implementar acciones para hacer frente a los retos que plantea el mercado gris”.
La primera compañía en acatar la orden fue Samsung, empresa que aseguró cumplir de manera irrestricta el marco regulatorio de México.
“En este sentido, y en línea con la solicitud que realizó Profeco junto al IFT; suspenderemos el bloqueo de teléfonos celulares provenientes del mercado gris. Así mismo, manifestamos nuestra disposición e interés en participar en las mesas de trabajo, a fin de encontrar, junto con las autoridades y demás participantes de nuestro sector, la mejor solución para hacer frente a la problemática que genera el mercado gris en México”, informó la compañía coreana.
Samsung no informó sobre qué pasará con los celulares que fueron bloqueados.
¿Qué respondió Motorola?
En tanto, Motorola -a través de medios de comunicación- también anunció que detendrá toda inhabilitación a celulares de mercado gris en México.
Además de que restablecerá los teléfonos que ya había deshabilitadoen los próximos días.
“Dado que el usuario está siempre en el centro de nuestra estrategia, desde Motorola vamos a habilitar para su uso los dispositivos irregulares que se activaron desde el 27 de julio durante los próximos días”, dijo la empresa a Xataka.
Sin embargo, Motorola adelantó que seguirá enviando “notificaciones de concientización”a los dispositivos que provengan de distribuidores no autorizados.
“Pese a que durante los últimos meses se ha logrado reducir el mercado gris en más de un 70 por ciento con las acciones que tomó la compañía, con el objetivo de acompañar el pedido de las autoridades gubernamentales, Motorola suspenderá la deshabilitación de los equipos”, añadieron.
Un Tribunal Colegiado con sede en Chihuahua ordenó que el proceso penal contra el senador y exgobernador Javier Corral sea atraído por el fuero federal, dejando fuera a las autoridades estatales del conocimiento del caso por presunto peculado.
De acuerdo con el despacho de abogados Schütte & Delsol, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y declaró que corresponde a la justicia federal conocer del expediente relacionado con la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para la reestructuración de la deuda pública estatal.
El tribunal determinó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y el Juez de Control local deben desistirse del asunto y remitir la totalidad de los expedientes a las instancias federales, luego de que la Fiscalía General de la República ejerciera la facultad de atracción, decisión que ya había sido respaldada previamente por dos jueces federales.
Con esta resolución, será la Fiscalía General de la República, actualmente encabezada por Ernestina Godoy, la encargada de continuar con la investigación en el ámbito federal.
El equipo legal del exgobernador sostuvo que en el fuero local no se garantizaban los derechos de las víctimas ni de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño, y aseguró que el proceso iniciado en Chihuahua estuvo marcado por irregularidades.
Asimismo, los abogados reiteraron su confianza en que se acreditará la inocencia de Javier Corral, al considerar que las acusaciones en su contra derivan de una supuesta fabricación del delito por parte de autoridades estatales.
La investigación se originó por un contrato de 98.6 millones de pesos firmado durante su administración con el despacho López-Elías Finanzas Públicas, acuerdo que la Fiscalía Anticorrupción estatal señala como un posible caso de peculado.