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México

Sánchez Cordero impulsa una Ley de Cultura de Paz con apoyo multipartidista en San Lázaro

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En un contexto marcado por la creciente violencia en el país, la diputada de Morena y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, anunció que presentará una iniciativa de reforma constitucional orientada a promover una Ley de Cultura de Paz y legalidad. La propuesta busca, en palabras de la legisladora, “encontrar luz en este ambiente de violencia que desafortunadamente vivimos en México”.

Durante la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, Sánchez Cordero planteó la realización de un foro legislativo el próximo 20 de noviembre para enriquecer el debate público sobre el tema. El encuentro incluirá una conferencia magistral y tres mesas de trabajo, cada una con al menos cuatro ponentes especializados en mediación y resolución pacífica de conflictos. La propuesta fue aprobada por unanimidad.

La diputada recordó que desde su paso por la Secretaría de Gobernación impulsó diversas mesas de paz en coordinación con autoridades federales y locales, y lamentó que desde 2012 las iniciativas para crear una Ley General de Cultura de Paz no hayan prosperado por falta de consenso sobre las facultades del Congreso. Actualmente, seis entidades federativas cuentan con marcos normativos que incluyen capítulos sobre cultura de paz, legalidad y civismo.

El foro contará con la participación de legisladores de todos los partidos. La vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna, respaldó la iniciativa al señalar que el país atraviesa “una profunda crisis de inseguridad” y subrayó la importancia de respetar la pluralidad en los trabajos legislativos. Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Hernández, propuso invitar al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a organizaciones civiles como Serapaz y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.

Sánchez Cordero destacó que la propuesta coincide con el objetivo de la presidenta Claudia Sheinbaum de construir una cultura de paz nacional. En tanto, el diputado Leonel Godoy, presidente de la comisión, sugirió definir en los próximos días si el foro se extenderá a dos jornadas, mientras que el priista Alejandro Domínguez propuso incluir a funcionarios estatales y municipales en las discusiones.

Con respaldo del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, la iniciativa se perfila como un primer paso hacia un marco legal que fomente la mediación, el respeto a la legalidad y la pacificación del país.

México

Caso Corral sale de Chihuahua: tribunal lo envía al fuero federal

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Un Tribunal Colegiado con sede en Chihuahua ordenó que el proceso penal contra el senador y exgobernador Javier Corral sea atraído por el fuero federal, dejando fuera a las autoridades estatales del conocimiento del caso por presunto peculado.

De acuerdo con el despacho de abogados Schütte & Delsol, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y declaró que corresponde a la justicia federal conocer del expediente relacionado con la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para la reestructuración de la deuda pública estatal.

El tribunal determinó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y el Juez de Control local deben desistirse del asunto y remitir la totalidad de los expedientes a las instancias federales, luego de que la Fiscalía General de la República ejerciera la facultad de atracción, decisión que ya había sido respaldada previamente por dos jueces federales.

Con esta resolución, será la Fiscalía General de la República, actualmente encabezada por Ernestina Godoy, la encargada de continuar con la investigación en el ámbito federal.

El equipo legal del exgobernador sostuvo que en el fuero local no se garantizaban los derechos de las víctimas ni de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño, y aseguró que el proceso iniciado en Chihuahua estuvo marcado por irregularidades.

Asimismo, los abogados reiteraron su confianza en que se acreditará la inocencia de Javier Corral, al considerar que las acusaciones en su contra derivan de una supuesta fabricación del delito por parte de autoridades estatales.

La investigación se originó por un contrato de 98.6 millones de pesos firmado durante su administración con el despacho López-Elías Finanzas Públicas, acuerdo que la Fiscalía Anticorrupción estatal señala como un posible caso de peculado.

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