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México

Sancionan a piloto de helicóptero por aterrizar en Parque Nacional Arrecife ‘Alacranes’

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente impone una multa de $1,277,104.04 a quienes identificó como los responsables del aterrizaje y embarque en la Isla Blanca o Pájaros del Área Natural Protegida (ANP) Parque Nacional (PN) Arrecife Alacranes, (en los que viajó el senador priista Emilio Gamboa Patrón el pasado 30 de septiembre).

La multa deberán pagarla el arrendador y poseedor del helicóptero Bell 412, matrícula XA-EHP; así como al patrón de la embarcación “Maharani”, carácter que recae en uno solo de los sujetos infraccionados; así como al piloto de la aeronave y al patrón de la embarcación, detalla Profepa.

La dependencia documentó el «incumplimiento» a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), su Reglamento en materia de Áreas Naturales Protegidas, así como al Programa de Conservación y Manejo del PN Arrecife Alacranes; por no acreditarse contar con autorizaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el ingreso al PN Arrecife Alacranes; así como por el aterrizaje y fondeo de embarcación en zona no permitida.

Aunque en la indagatoria a cargo de inspectores de la Profepa en el estado de Yucatán, se señaló que no hubo daños a los ecosistemas ni destrucción de sitios de anidación y alimentación, refugio o reproducción de especies de vida silvestre o a los arrecifes coralinos de la isla; se determinó que hubo perturbación, molestia y alteración de la fauna silvestre consistente en especies de aves y tortugas marinas.

La Profepa consideró principalmente la generación de desequilibrios ecológicos, la afectación de recursos naturales o biodiversidad; las condiciones económicas del infractor, el carácter intencional o negligente de la conducta desplegada, y se consideró que no existía reincidencia para los tres sujetos que intervinieron en los hechos.

La Profepa consideró sancionar al arrendatario y poseedor del helicóptero Bell 412, matrícula XA-EHP, así como al propietario de la embarcación tipo yate denominada “Maharani”, por el sobrevuelo, aterrizaje y embarque en el PN Arrecife Alacranes, consiste en 11,655 unidades de medida y actualización, que al día de hoy ascienden a un monto de $851,281.2 pesos.

Dicha multa es la de mayor monto debido a que en dicho infractor se reúnen tres supuestos de infracción, relativos al ingreso de la aeronave sin autorización de Semarnat, el aterrizaje de la aeronave y el fondeo de la embarcación; así como debido a las condiciones económicas del infractor.

Al patrón de la embarcación “Maharani”, se impuso como sanción por el fondeo de la embarcación en zona no permitida, consiste en 2 mil 400 unidades de medida y actualización, que comprenden el día de hoy un monto de $175mil 296 pesos.

Finalmente, al piloto de la embarcación, por el sobrevuelo sin autorización y aterrizaje en zona no permitida, se hizo acreedor a una multa consistente en 3 mil 430 unidades de medida y actualización, lo que asciende a un monto de 250,527.2 pesos, al día de hoy.

Cabe destacar que en el PN Arrecife Alacranes, decretado el 19 de julio de 1996 con una superficie de 333 mil 786, es un área importante de sitios de anidación y descanso de aves marinas que cruzan la ruta del Golfo de México, su riqueza biológica consiste en la presencia de 116 especies de aves, 136 de peces, 24 especies de tiburones y 34 de corales; debido a lo cual solo se permiten actividades turísticas y recreativas como el buceo libre y autónomo, la pesca deportiva y el senderismo.

 

Noticias MVS

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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