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SCJN declara inconstitucional la penalización del aborto

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este martes, por mayoría de 10 votos de los ministros, inconstitucional la penalización de la interrupción del embarazo en el estado de Coahuila, lo que tendrá efectos en todo el país.

Al realizar la declaratoria de invalidez, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dijo que “hoy es un día histórico para todas las mujeres mexicanas y las personas gestantes”.

Aseguró que, “a partir de hoy es un parteaguas en la historia de los derechos de todas las mujeres, sobre todo de las más vulnerables. Con este criterio unánime del tribunal constitucional, no solo se invalidan las normas que fueron objeto de discusión, sino que se establece un criterio obligatorio para todos los jueces y juezas del país. A partir de ahora, no se podrá sin violar el criterio de la Corte y de la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este tribunal constitucional”.

Indicó que “a partir de ahora se inicia una nueva ruta de libertad, de claridad, de dignidad y de respeto a todas las personas gestantes, pero sobre todo a las mujeres. El día de hoy es un paso más en la lucha histórica por su igualdad, por su dignidad y por el pleno ejercicio de sus derechos”.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea aseveró que con esta resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación demuestra que su único compromiso es con la Constitución y con los derechos humanos.

Durante la sesión, la ministra Margarita Ríos Farjat se pronunció a favor de no penalizar la interrupción del embarazo, y consideró que es un tema de salud pública e incluso de seguridad.

El ministro José Fernando Franco González Salas también estuvo en favor del proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales. Únicamente por casusas de fuerza mayor no estuvo presente en esta sesión el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

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Incertidumbre congela inversiones en México: reformas judiciales y aranceles de Trump golpean la confianza

El crecimiento económico de México para 2025 podría estar en riesgo si no se generan condiciones de certidumbre para los inversionistas. Así lo advierte el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), que prevé un panorama desafiante ante los cambios políticos y económicos tanto internos como externos.

Una de las mayores preocupaciones es la propuesta de reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Aunque Sheinbaum ha dicho que buscará abrir un diálogo sobre el tema, la posibilidad de que los jueces y magistrados sean electos por voto popular ha generado inquietud entre los mercados. Para el IMEF, estas iniciativas, si no se manejan con responsabilidad y apertura, podrían minar el Estado de derecho y desalentar la inversión, justo cuando México necesita consolidar su papel como destino clave para el “nearshoring”.

Por si fuera poco, en Estados Unidos, el virtual candidato republicano Donald Trump ha intensificado su discurso proteccionista y ha sugerido que, de volver a la presidencia, impondría un arancel universal del 10?% a todos los productos importados. Esta postura ha encendido las alarmas entre empresarios mexicanos que exportan hacia ese país, el principal socio comercial de México. El IMEF considera que este tipo de medidas no solo afectarían el comercio bilateral, sino también los flujos de inversión que hoy se ven beneficiados por el T-MEC.

Además, el organismo alertó sobre una desaceleración económica en el país: la expectativa de crecimiento para 2025 se redujo de 2.1?% a 1.9?%, mientras que la inversión privada muestra signos de estancamiento. Aunque la inflación parece estar bajo control, con una tasa anual del 4.78?% en junio, la alta tasa de interés (actualmente en 11?%) podría seguir afectando el dinamismo económico.

En este contexto, el IMEF hizo un llamado al nuevo gobierno a generar señales claras de estabilidad, institucionalidad y respeto al Estado de derecho, condiciones necesarias para atraer inversiones y sostener el crecimiento. La ventana del “nearshoring” sigue abierta, pero sin confianza, México podría desaprovecharla

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