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México

SCJN desechó impugnación del Senado a la Ley de Hidrocarburos

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la acción de inconstitucionalidad que argumentaron los Senadores en contra de la reciente reforma a la Ley de Hidrocarburos.

A través del acuerdo, se desechó, “por notoria y manifiesta improcedencia”, la acción de inconstitucionalidad presentada por los Senadores integrantes de la sexagésima cuarta Legislatura del Congreso de la Unión.

Éste fue presentado en el mes de mayo de 2021 con el objetivo de impugnar los artículos 51 fracción III; 53 párrafo segundo ; 57 y 59 Bis; además de los transitorios cuarto y sexto de la referida ley.

Sin embargo, se ordenó también que una vez que cause estado este auto, se archive el expediente como asunto concluido.

En este sentido, se habilitaron días y horas necesarias para realizar las notificaciones por lista y oficio a los promoventes, en el domicilio señalado en su escrito inicial.

Ésta, será añadida al expediente para que surta efectos legales la impresión de la evidencia criptográfica de este auto, de conformidad con el punto quinto del Acuerdo General 14/2020.

 EFE/Captura de video
EFE/Captura de video

Dicho acuerdo partió de la revisión exhaustiva de los documentos exhibidos, mismos en los que la Corte señaló que hacían falta firmas autógrafas de los promoventes.

Lo anterior, indicaron, habría quedado anotado desde la certificación asentada por la oficina de Certificación Judicial y Correspondencia.

Señalaron, además, que de acuerdo con la disposición a la que se invocó, se les dio la oportunidad de presentar un documento con firmas autógrafas, y no con firmas en copia simple.

“La ratificación operaría ante la dudad de la autenticidad de las firmas anotadas, pero siempre que éstas fueran autógrafas, lo que en el caso, no sucede”, señalaron desde la SCJN.

Finalmente, se les comunicará a los senadores responsables de dicha iniciativa, que quedará a su disposición el medio de impugnación que al efecto establece la Ley Reglamentaria.

EPA/CHRISTIAN BRUNA/Archivo
EPA/CHRISTIAN BRUNA/Archivo

En fechas recientes, el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro concedió ocho nuevas suspensiones definitivas en contra de la Ley de Hidrocarburos impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las empresas a las que se les aprobaron los amparos contra el artículo 57 y los transitorios cuarto y sexto fueron Servicio Villa de Arista, Petrotal, Cimagas, Centro de Distribución de Autoconsumos de Occidente, Comylub Mexicana, Comylub, Comercializadora Industrial de Hidrocarburos y Tiger Fuel.

La resolución será vigente hasta que el Poder Judicial falle de fondo sobre la constitucionalidad de esta nueva reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 4 de mayo del 2021.

Pero no fueron los primeras suspensiones definitivas, pues anteriormente también les fueron concedidas a las empresas Grupo Base Energéticos, Distribuidora de Combustibles Mil, Viga Express, Pharaoh International Products, Antluc y Dalia Pilar Lamarque Pico.

Como argumento a la resolución, los reguladores expresaron que las determinaciones frenadas abrirían camino para que Pemex recupere su papel monopólico en el mercado de hidrocarburos, lo que implicaría ahuyentar a inversionistas e incrementar los precios al consumidor.

Es así que esta reforma, la cual busca devolver a Petróleos Mexicanos (Pemex) en el control de los precios y cambios en el manejo de los combustibles, ya sumaría 14 suspensiones en su contra.

México

INE estima gasto operativo de casi 4 mil millones para 2027

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El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio fiscal de 2027, monto que será incorporado al Anteproyecto de Presupuesto del organismo de cara al próximo proceso electoral federal.

La estimación fue elaborada a partir de un análisis metodológico sustentado en el comportamiento histórico registrado entre 2023 y 2025, bajo los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal del Presupuesto del instituto.

De acuerdo con la distribución prevista, las oficinas centrales concentrarán la mayor parte de los recursos, con una asignación de 2 mil 380 millones 841 mil 144 pesos. Por su parte, las juntas locales y distritales ejecutivas contarán con mil 567 millones 630 mil 392 pesos para sus operaciones.

El organismo electoral precisó que esta proyección tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario del instituto durante el año en que se desarrollarán las elecciones federales.

El cálculo presupuestal excluye diversos conceptos que forman parte de otros rubros de gasto. Entre ellos se encuentran los servicios personales, la Cartera Institucional de Proyectos, las prerrogativas destinadas a los partidos políticos nacionales y el denominado presupuesto precautorio.

Con esta previsión financiera, el INE busca establecer una base presupuestaria para la organización y operación del proceso electoral de 2027.

Por otra parte, la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló el pasado 25 de mayo que el organismo carece de facultades ministeriales y judiciales para investigar posibles vínculos entre candidatos y grupos del crimen organizado.

Ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad para las elecciones de 2027, la funcionaria planteó que la legislación defina con precisión las responsabilidades de cada institución involucrada. Asimismo, propuso que la verificación de antecedentes penales, financieros y de seguridad nacional sea realizada por instancias especializadas del Estado mexicano.

Según lo expuesto, el INE se limitaría a recibir los registros de los partidos políticos, remitir los expedientes a las dependencias competentes y notificar si existe algún impedimento legal para una candidatura.

Hasta el momento, la propuesta relacionada con la verificación de integridad de aspirantes continúa en discusión.

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