Conecta con nosotros

Slider Principal

SCJN invalidó proceso contra “El Bronco” en Nuevo León por uso de recursos públicos en campaña presidencial

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este miércoles el proceso que el Congreso del estado de Nuevo León, en el norte de México, había determinado para sancionar al gobernador Jaime Rodríguez, conocido como “El Bronco”, por haber usado recursos públicos para echar a andar su campaña presidencial independiente de 2018.

La Primera Sala del máximo Tribunal del país, reunida a través de videoconferencia, votó 3-2 para declarar fundada la controversia constitucional presentada por el Poder Ejecutivo de Nuevo León, en contra del Poder Legislativo de la entidad. Las ministras Norma Piña y Margarita Ríos Farjat votaron en contra.

Los magistrados Alfredo Gutiérrez, Mario Pardo y el ponente del proyecto y presidente de la Primera Sala, Juan Luis González Alcántara, votaron a favor para construir la mayoría simple necesaria para que procediera la invalidez.

“Es procedente y fundada la presente controversia constitucional. Se declara la invalidez del Acuerdo impugnado por el que el Congreso del estado de Nuevo León expidió las reglas procesales que se aplicarían en el proceso para sancionar al titular del poder ejecutivo de la entidad, publicado el 25 de septiembre de 2019?, indica el proyecto, consultado por Infobae México.

Además, declararon la invalidez del Acuerdo de radicación e Inicio de Procedimiento derivado de las reglas procesales referidas. “Esta Primera Sala considera que el acuerdo impugnado por el que se emiten las reglas procesales es contraria a la Constitución política, y lo procedente es declarar su invalidez”, añade el proyecto.

Esto, ya que el procedimiento descrito en esa reglas procesales “no se ajusta al sistema de responsabilidad política previsto en el Título Cuarto de la Constitución”. “Resulta en una intromisión indebida de congreso local en el funcionamiento del Poder Ejecutivo, que se deposita en su titular, conforme el artículo 81 de la Constitución local”, especifica.

Y es que el Congreso de Nuevo León comenzó en 2019 con un proceso sancionador contra El Bronco debido al uso de recursos públicos para obtener las firmas ciudadanas necesarias para presentarse como candidato independiente en las elecciones presidenciales de 2018, en donde acabaría en la cuarta posición.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó a mediados de junio lo resuelto por la Sala Regional Especializada en marzo, en la que vinculó al Congreso Local de Nuevo León a “agotar el procedimiento que inició con la imposición de la sanción, pero no ejecutarla en cuanto al gobernador del estado.

En el proyecto de González Alcántara, se precisa que la invalidez que oficializó este miércoles la SCJN es “sin menoscabo de la competencia que el Tribunal Electoral reconoció en el Congreso local para sancionar”, pues las resoluciones de ese Tribunal no fueron materia de la controversia y, por tanto, se encuentran vigentes.

Es por ello que la Primera Sala dejó a salvo esa facultad, para que, de estimarlo oportuno, “el Congreso local regularice el proceso de atribución de responsabilidades que ordenó la Sala Regional Especializada bajo los lineamientos expresados en esta resolución, tomando como base el sistema de responsabilidad política”.

Con esta decisión, la Corte recordó que, aunque invalidó el proceso de sanción en Nuevo León, la Constitución mexicana señala un camino específico de responsabilidades. “El procedimiento debió de haber comenzado por la acusación respectiva de la Cámara de Diputados”, indicaron. Posteriormente, debió haber sido acompañada por la resolución declarativa del Senado.

Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto