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Se cierra el cerco sobre García Luna: su brazo derecho podría declararse culpable en EEUU de nexos con el Cártel de Sinaloa

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Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) podría lejos de ver la luz del túnel. Mientras en México crece la lista de funcionarios señalados de tener nexos con el narco, Estados Unidos avanza en el juicio del ex jefe de la policía.

Tras la detención de García Luna en Dallas, Texas, la justicia estadounidense puso en la mira el aparato de seguridad del gobierno panista, y acusó a subalternos del ex secretario, entre ellos Iván Reyes Arzate, ex comandante de la Policía Federal y pieza clave en la red de narcotráfico y corrupción encabezada por García Luna.

A principios del mes pasado, la defensa de Reyes Arzate envió un documento al juez Brian Cogan, que sentenció a cadena perpetua a Joaquín el Chapo Guzmán, en el que acordaba una declaratoria de culpabilidad de su cliente con las autoridades de EEUU, incluso se afirmaba que existía ya un borrador.

De continuar con aquella negociación, Reyes Arzate estaría aceptando los señalamientos contra García Luna, su jefe, sobre las presuntas reuniones entre policías encabezados por García Luna con miembros del Cartel de Sinaloa y del Cartel de los Beltrán Leyva.

El caso contra García Luna nació en el juicio del siglo, en el que se sentenció a Joaquín el Chapo Guzmán. En el carrusel de testigos que desfilaron por la corte, algunos mencionaron la cercanía del ex funcionario con Sinaloa.

Desde el inicio de la pandemia por coronavirus, la audiencia de Genaro García ha sido interrumpida cuatro ocasiones, lo que provocó la suposición de una negociación entre el estratega de la guerra contra el narco y el gobierno de EEUU.

Iván Reyes Arzate podría declararse culpable en EEUU (Foto: Twitter@MarioBeteta)Iván Reyes Arzate podría declararse culpable en EEUU (Foto: Twitter@MarioBeteta)

Hasta el momento, la Fiscalía de EEUU ha acumulado un millón de páginas de pruebas contra el ex jefe policíaco, detenido en diciembre 2019, en Dallas, acusado de los cargos por narcotráfico y falsedad de declaración.

En 2018, durante el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán, el narco Jesús el Rey Zambada aseguró que hizo pagos millonarios a Genaro García Luna.

Zambada, el primer cooperante de la fiscalía en la causa contra Guzmán, explicó ante un jurado en Brooklyn, Nueva York (EEUU) que realizó en concreto dos pagos para garantizar la protección de su hermano mayor, Ismael el “Mayo” Zambada, fundador y jefe del Cártel de Sinaloa, y evitar así que fuera detenido.

El primer soborno —que se produjo en un restaurante en 2005— ascendía a USD 3 millones. García Luna estaba al mando de la agencia federal de investigaciones. A este siguió otro de entre USD 3 ó 5 millones en 2007 cuando García ya era secretario de Seguridad Pública.

El caso de García Luna salió a la luz durante el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán (Foto: REUTERS)El caso de García Luna salió a la luz durante el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán (Foto: REUTERS)

—¿Se reunió con García Luna en un restaurante?, le preguntó entonces el abogado William Purpura.

“Sí”, respondió el “Rey” Zambada. De acuerdo con el testimonio, el efectivo iba en un maletín y el primero tenía como propósito conseguir que se nombrara como jefe de la policía en Culiacán, Sinaloa, a una persona de confianza del cártel para así “tenerlo en el bolsillo”. El “Rey” aseveró que se trataba de dinero del Mayo.

Además, indicó que García Luna tenía “un compromiso en firme” con el clan formado por los hermanos Beltrán Leyva. Para garantizar la protección de la organización, añadió, entre 2006 y 2007 juntaron con sus sociosUSD 50 millones que desembolsaron a través de los sicarios Édgar Valdez Villareal, la “Barbie”, y José Gerardo Álvarez Vázquez, el “Indio”.

La justicia de Estados Unidos busca demostrar la supuesta relación entre el ex secretario de Seguridad pública de México y el narco en México.

México

Sheinbaum aplaza envío de reforma electoral para ajustes finales

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La presidenta Claudia Sheinbaum pospuso el envío de su iniciativa de reforma electoral a la Cámara de Diputados, previsto originalmente para el lunes, y anunció que será remitida hasta la noche de este martes tras realizar una última revisión al documento.

Desde Ciudad de México, la mandataria explicó que recibió la redacción final del proyecto, pero hizo observaciones luego de detectar modificaciones adicionales a artículos que no estaban directamente vinculados con la materia electoral. Señaló que la propuesta debe concentrarse únicamente en cambios a artículos constitucionales relacionados con el tema.

Detalló que durante la tarde se revisará nuevamente el texto para evitar contradicciones, razón por la cual no fue enviado en la fecha prevista. Su postura coincide con lo anticipado por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien adelantó que habría ajustes en la iniciativa.

La semana pasada, Sheinbaum presentó formalmente la reforma electoral, cuyo objetivo central es eliminar las listas plurinominales. Indicó que cualquier persona que aspire a un cargo público deberá buscar el voto ciudadano y presentarse ante la población.

Entre los principales puntos de la propuesta se contempla una reducción del 25 por ciento en el costo de las elecciones, así como la disminución de sueldos y bonos de consejeros del Instituto Nacional Electoral, la eliminación de duplicidades en órganos electorales y la reducción del gasto en el Congreso federal, congresos locales y el número de regidurías.

También plantea fortalecer la fiscalización, otorgando al INE acceso a las operaciones financieras de partidos y candidatos, prohibir aportaciones en efectivo y utilizar tecnologías en los procesos de supervisión.

La iniciativa incluye facilitar el voto de mexicanos en el extranjero para la diputación migrante, reducir de 48 a 35 minutos diarios por emisora los tiempos de radio y televisión en periodo electoral, regular el uso de inteligencia artificial y prohibir bots, iniciar los cómputos distritales al término de la jornada electoral y ampliar la democracia participativa en estados y municipios mediante voto electrónico.

Asimismo, propone prohibir el nepotismo en cargos de elección popular y eliminar la reelección consecutiva inmediata en todos los cargos a partir de 2030. El proyecto será enviado al Congreso una vez concluida la revisión anunciada por la Presidencia.

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