Opinión

Se comodan los astros por Lilia Merodio Reza

Naturalmente que cuando el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, declaró que los astros se alineaban favorablemente para la aprobación de las reformas estructurales que necesita México, hablaba en sentido metafórico, no supersticioso. Los columnistas que criticaron, por interpretar literalmente esos dichos, saben perfectamente a qué se refería: a que nunca como hoy, en los últimos 15 años, han existido las condiciones políticas para destrabar los arreglos al marco jurídico para que México recupere su crecimiento.

También ponderó la conformación del gabinete del presidente Peña Nieto, que combina experiencia técnica y política, así como capacidad para generar consensos. En este mismo sentido se han expresado los líderes de fuerzas políticas de derecha e izquierda, lo cual ha motivado que quienes viven a expensas de los ríos revueltos, del odio entre hermanos, se expresen con ardor del pacto y los consensos que los poderes de la Unión y la sociedad organizada están consiguiendo; de una suma de voluntades de la cual ellos mismos se han excluido, dando muestras de que su búsqueda no es el progreso de los mexicanos, sino que las cosas se mantengan mal, para así lucrar con su eterno discurso, hábil para envenenar voluntades de mexicanos a los que nunca, cuando tuvieron oportunidad, sacaron de la miseria y desigualdad.

lilia merodio reza EMPEZAMOS BIEN. No se trata de echar campanas al vuelo, pero el inicio es prometedor y lo que menos necesitamos los mexicanos es desconfiar de nuestras capacidades, ni mucho menos considerar que nuestras deficiencias son eternas e insoslayables. Es el tiempo de movernos con mentalidad triunfadora, de reconocernos en nuestra diversidad con ánimo constructivo porque si nos seguimos distrayendo en la eterna telenovela de las contradicciones y los malos entendidos, por más que las soluciones parezcan evidentes, nunca llegaremos a nuestras metas.

YA ES CONSTITUCIONAL. Aquí tenemos el ejemplo de lo que se puede lograr cuando se pone por delante el interés general de la nación. Los Congresos de 18 estados de la República, con gobiernos de diverso origen partidista, han aprobado los cambios en materia educativa de la reforma del presidente Enrique Peña Nieto, también aprobada por el Congreso de la Unión, con lo cual dicha reforma podrá ser promulgada y cobrar vigencia en muy breve plazo; con lo cual México habrá dado un paso importante para que la educación con calidad prepare más y mejores ciudadanos para encarar los retos del nuevo siglo, donde los mexicanos debemos ser protagonistas a nivel mundial.

DÓNDE QUEDÓ LA BOLITA. El líder de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones, manifestó acertadamente la necesidad de poner orden en el tema de los juegos y sorteos. De ningún modo puede considerarse que un asunto que tiene que ver con la ilegalidad, el pago de impuestos, la corrupción y el fraude, quede tapado como si se tratara de una anécdota, de un pleito familiar de uno de los llamados “casineros”. Hay irregularidad en la operación de las casas de apuesta, pero también existen evidencias y antecedentes muy recientes de que se defrauda con los sorteos públicos y privados. Así como hay que regular la publicidad de alimentos chatarra y productos milagro, se debe regular y supervisar de mejor manera los telejuegos, que en horarios nocturnos cobran por llamada hasta que entra la “llamada ganadora”, con acertijos fáciles de resolver.

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.