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México

Se cumplen cinco años de aborto legal en el DF

En cinco años, poco más de 78 mil mujeres han decidió interrumpir su embarazo de manera legal en el Distrito Federal.

Solteras, nacidas en la Ciudad de México y con niveles de educación media superior son las características de las mujeres que encabezan la lista de estadísticas de las autoridades de salud  capitalinas, quienes presumen una muy baja tasa de decesos, pese a que en muchos casos es necesaria la intervención quirúrgica.

De acuerdo con el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres), el trabajo coordinado con la sociedad civil ha permitido que aquellas que deciden interrumpir su embarazo lo hagan de manera informada, evitando de esta manera riesgos previos y posteriores a la práctica del aborto.

En un comunicado, la dependencia aseguró que las mujeres que solicitan este tipo de servicio en los centros de salud de la capital reciben asesoría en materia de derechos sexuales y reproductivos, educación sexual y prevención de infecciones de trasmisión sexual, como parte de los lineamientos de la Ley de Salud en materia de prevención de embarazos no deseados, logrando así una reincidencia baja.

Al respecto, la diputada Beatriz Rojas, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, destacó que la gratuidad del servicio  ha permitido que mujeres en etapa estudiantil, empleadas o amas de casa tengan a su alcance la atención médica.

“Estas cifras nos muestran que en la Ciudad de México las mujeres estamos ejerciendo nuestro derecho a la información, miles de mujeres han accedido a la posibilidad de no truncar sus proyectos de vida, como el concluir sus estudios o simplemente el de no poder ofrecer una calidad de vida decorosa para ellas y su familia; se ha dotado a las mujeres de las garantías indispensables para realizarse íntegramente como personas en un plano de equidad e igualdad” señaló.

En tanto, el Partido Acción Nacional calificó como un fracaso la política de información y prevención, por lo que urgió a  la aprobación de la Ley de Protección a la Maternidad.

Los diputados Fernando Rodríguez Doval y Carlo Pizano criticaron que el jefe de Gobierno “presuma como un “logro” atentar contra la vida de un ser humano, ya que ellos estiman en 150 mil los abortos practicados, la mitad de éstos en centros de salud públicos y el resto con médicos  particulares.

“Como sociedad, estamos obligados a evitar que recurran a esta práctica; la Ley de Protección a la Maternidad desgraciadamente está congelada por la mayoría perredista, lo que nos demuestra que en el PRD no existe un compromiso real con las mujeres”, aseveraron.

Asimismo informaron que entre los puntos que incluye dicha iniciativa se encuentran otorgar apoyos financieros a través de opciones preferenciales para obtener créditos a la vivienda, exención de pago en el transporte público, formar parte de una red de asistencia médica y jurídica gratuitas, así como incentivos fiscales a empresas que contraten a mujeres embarazadas.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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