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Se declara inocente en EU ‘La reina del Pacífico’

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 La mexicana, Sandra Ávila Beltrán conocida como “La reina del Pacífico” se declaró hoy, “no culpable” de las dos acusaciones en el proceso en su contra por tráfico de drogas en el sur de la Florida.

En una breve audiencia de menos de cinco minutos en la Corte Federal de Miami, Ávila Beltrán compareció sonriente y de buen humor esposada de manos y con grilletes en los pies para escuchar las acusaciones de conspiración para importar y distribuir cocaína en Estados Unidos.

Su abogado, Stephen Ralls, presentó la declaratoria de inocencia ante la jueza Alicia Otazo en la Corte Federal de Miami.

Ávila Beltrán, de 51 años, es acusada de conspirar para importar a Estados Unidos hasta cinco kilogramos de una sustancia controlada con cantidades detectables de cocaína entre 1999 y 2004.

La segunda imputación es similar, pero el grupo delictivo con el cual se asocia a Ávila Beltrán, es acusado de intentar distribuir los cinco kilogramos de cocaína durante el mismo periodo.

Aunque Ralls argumentó ante la jueza que el tratado de extradición México-Estados Unidos sólo permitía que su clienta fuera acusada por el segundo delito, la magistrada mantuvo que la mexicana debía responder a ambos presuntos delitos.

Ralls dijo, al término de la audiencia, que aún cuando el juicio está previsto para comenzar el 24 de septiembre, pidió una posposición para obtener la documentación para la defensa de su clienta.

El magistrado de la corte, Michael Moore, tiene programado escuchar los argumentos sobre la solicitud de postergación el próximo 20 de septiembre.

Ávila Beltrán es mencionada en un encausamiento múltiple que incluye como coacusados a Víctor y Darío Valencia Espinosa, Gadier Villegas Cifuentes, Ramón Alberto Orozco Mejía y Julio Beltrán, entre otros.

La mexicana compareció el pasado 10 de agosto en la Corte Federal de Miami luego de haber sido extraditada desde México.

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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