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México

Se ‘echan para atrás’ 20 precandidatos del PRD en NL

Al menos una veintena de precandidatos a alcaldes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) “se echaron para atrás” y renunciaron a sus aspiraciones políticas ante las amenazas de miembros del crimen organizado.

El secretario general del Comité Directivo del PRD en Nuevo León, Eduardo Arquijo Baldenegro, denunció la serie de amenazas que supuestamente reciben sus militantes en la zona norte del estado, principalmente en municipios que colindan con Tamaulipas y Texas, Estados Unidos. Eso, dijo, está dejando un “grave costo electoral” al mantener hasta el momento sólo 25 candidaturas de las 51 que se requieren para cubrir todas las plazas.

“No es justo que se hagan pa’ tras porque se ven amenazados, pues no quieren ir a la elección porque no hay garantías. El estado está para darles garantías a ellos como precandidatos”, explicó al dar a conocer que en la contienda electoral sólo “llega el que está pactado”.

El líder perredista y ex alcalde de García aseguró que los candidatos de los partidos mayoritarios llegarán a la presidencia municipal porque ya “pactaron con los grupos delictivos” para lograr que se desarrollen las campañas en calma.

“Nos dijeron ‘no podemos competir porque ya nos la sentenciaron’, y obviamente el que llega, llega a través de un pacto”.

Los precandidatos de las alcaldías de Vallecillo, Paras, Anáhuac, Sabinas, Melchor Ocampo, Cerralvo y Bravo son los que reportaron situaciones de mayor inseguridad.

Actualmente, Nuevo León registra una ola de violencia que ha dejado tras de sí más de dos mil 200 asesinatos, la mayoría relacionada con la disputa de poder entre grupos antagónicos del crimen organizado.

Eduardo Arquijo Baldenegro explicó que «lo que nos preocupa es el asunto de la inseguridad, la impunidad, la corrupción que está viviendo el estado y todo parece ver que estamos muy relajados; que la seguridad está garantizada para las próximas elecciones, sin embargo, a mí me parece que estamos en un error».

Expuso que la «ingobernabilidad» que el PRD advierte en Nuevo León se refleja en la impunidad en todas las áreas y niveles; especialmente en la impartición y administración de justicia, «donde, al parecer, todos hacen lo que quieren».

Demandó a las autoridades electorales y al gobierno del estado garantizar la realización de unas elecciones tranquilas.

Dijo que miembros de la delincuencia contactan, vía telefónica o en persona, a casas o negocios para amenazarlos en caso de que continúen con sus intenciones de convertirse en candidatos sin acuerdos.

Javier López Mejía, director de capacitación de la Comisión Estatal Electoral, informó que en los municipios de China, Linares, Guadalupe, Juárez y Cadereyta, los grupos criminales han intimidado a sus capacitadores para evitar que ingresen.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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