El Gobierno del Estado ha hecho por ocultar la dimensión exacta de la inseguridad y de la prevalencia de los hechos violentos causados tanto por el enfrentamiento entre grupos delictivos, como por la misma forma de actuar de una parte de la sociedad chihuahuense.
Las cifras dadas a conocer por el INEGI sobre homicidios ocurridos entre los años 2008 y 2015 indican una grave disparidad respecto a las que ha difundido el Gobierno del Estado para gritar a los cuatro vientos que ha logrado sofocar el problema de la violencia y la inseguridad.
Ahí están los datos, y provienen del INEGI, que es el órgano del Estado Mexicano para elaborar y clasificar la información del país: hubo 25,380 homicidios en Chihuahua entre los años 2008 y 2015, de los cuales 12,701 corresponden al período entre el 2011 y 2015, es decir, la actual administración, encabezada por el gobernador César Duarte Jáquez.
En cambio, el Gobierno del Estado le reportó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra 17,645 homicidios entre el 2008 y el 2015, es decir, 7,735 menos de los que registró el INEGI.
Aquí no hay más que dos opciones: o hay un deficiente sistema de levantamiento estadístico, lo cual de por sí ya es grave, o peor aún, se ocultan cifras entre las mismas autoridades del Estado Mexicano.
La disparidad es enorme, pues casi 8 mil casos de homicidio no pueden corresponder a un margen de error tolerable dentro de las metodologías establecidas a nivel internacional para levantar y procesar información estadística.
A ojos vistas, las cifras del INEGI son más confiables que las de la Fiscalía General del Estado (las publicadas por el SESNSP), ya que las primeras provienen de las actas de defunción emitidos por de los Servicios Médicos Forenses de cada estado para registrar las muertes accidentales y violentas.
Además, el INEGI recabó datos en las Oficialías del Registro Civil sobre defunciones, en este caso de homicidios, a través de actas y certificados de defunción.
Todos esos datos se sumaron a las que proporcionó la Agencia del Ministerio Público (la FGE, en el caso de Chihuahua) de cada entidad.
Eso significa que existe una diferencia del 30 por ciento entre los registros que llevan los servicios de salud y los que tiene la agencia encargada de investigar y sancionar los delitos.
Son 7,735 homicidios “perdidos”, en el limbo, que no están en los registros de la FGE y, por lo tanto, no serán investigados, mucho menos esclarecidos.
Es como decir que hay más de 7 mil muertes violentas “traspapeladas”. Pero como todo documento extraviado, con una buena revisión y un trabajo arduo, tarde que temprano aparece, y el INEGI ya se encargó de encontrarlos.
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