Pese a la aplicación del Protocolo Alba, instaurado en Ciudad Juárez tras la Sentencia Campo Algodonero emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en seis años las desapariciones de mujeres, niños y niñas se ha incrementado en 900%.

Así lo señalaron deudos de víctimas de feminicidio, abogados y familiares de mujeres y niñas desaparecidas en esa ciudad fronteriza, quienes apuntaron que la principal falla es que las autoridades no lo aplican en todos los caso reportados; se rehúsan a iniciar búsquedas antes de cumplirse 72 horas de la ausencia, se resisten a buscar mayores de edad, mujeres con novio o con «antecedentes» de no llegar a casa.

Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra una de las víctimas, adolescente que fue ultrajada y asesinada en Ciudad Juárez en 2001, declaró «es apabullante el incremento en el número de desapariciones y asesinatos de mujeres».

Y aunque las autoridades señalan que ha descendido la violencia, la representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes, reveló que los feminicidios se incrementaron 62 % de 2009 a 2010, según su máos ha pasado de 212 casos en 2009, a 567 en 2010 es decir las estructuras de prevención están no funcionando (sic)».

Los datos fueron presentados en la Cámara de Diputados durante un balance del cumplimiento de Sentencia Campo Algodonero, a la que acudieron la Fiscal Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, Angélica Herrera, el embajador Alejandro Negrín Muñoz, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Dilcya García, comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

Los funcionarios federales dieron su informe ante una sola diputada, la presidenta de la Comisión Especial que da seguimiento a los feminicidios, Teresa Incháustegui, y en ausencia de las diputadas y secretarias de la Comisión, María Antonieta Pérez, del PAN y Adriana Terrazas, del PRI.

Por eso Norma Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, lamentó el desinterés de esas bancadas, «refleja que en realidad hay simulación…las desapariciones y muertes de mujeres siguen y la ausencia aquí (de PRI y PAN) lo que muestra es que aunque prometieron buscar justicia no les interesa hacerlo».

En 2003 se puso en marcha el Operativo Alba en Chihuahua con el fin de vigilar las zonas consideradas «de alto riesgo» para mujeres y realizar búsquedas inmediatas de mujeres y niñas y niños desaparecidos.

Pero David Peña, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), advirtió que las desapariciones van en aumento.

En 2006 fueron 7 casos, en 2007 la cifra creció a 28 y en 2011 fueron 64 «por lo tanto las desapariciones han aumentado y no importa que haya un nuevo Protocolo Alba si no se investiga inmediatamente. El protocolo es inservible si no da resultados».

Explicó que en el contexto de Ciudad Juárez, por la violencia y por los antecedentes de desapariciones de mujeres y niñas, siempre deberían aplicarse criterios de inmediatez para activación del protocolo, y «sin imponer candados», pero no ocurre así.

Por el contrario, «en algunos casos se pide que pasen 72 horas en espera de que regresen solas, si tienen novio se presupone que están con él y ya llegarán, por lo que no se inicia su búsqueda».

En entrevista, el abogado expuso que se ha solicitado la aplicación del Protocolo Alba en todos los casos pero no ha ocurrido.

En el marco del encuentro, Dilcya Samantha García, comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres aseguró que de cada 300 personas por las que se activa el protocolo sólo 30 % de las búsquedas siguen activas, es decir el 70 % de las personas son halladas.

No en todas las desapariciones de mujeres aplica el protocolo «por falta de una ventanilla única» y el centro de justicia para mujeres que se inauguró hace dos meses en Ciudad Juárez pretende ser esta ventanilla única para que el protocolo Alba se aplique desde ahí, «lo que no hay es una buena coordinación» reconoció.

Informó que se integrará una policía científica y especializada en búsquedas, capacitada por expertos portugueses.

Reconoció que hasta ahora sólo tiene conocimiento de que en el Distrito Federal y en el estado de México se inician búsquedas de personas desparecidas antes de las 72 horas de ausencia, pues se ha reconocido que son las horas clave para hallar a las personas, por lo que se precisa legislar al respecto y que en todos los estados del país pueda aplicarse ese criterio, que hoy es inexistente en la ley.

En tanto, el director de cooperación con organismos internacionales de derechos humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Jorge Cruz Becerra, precisó que 10 estados han adoptado los lineamientos generales para la estandarización de investigaciones de los delitos relacionados con desapariciones de mujeres.