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México

Se lleva a cabo registro de aspirantes a dirigencia nacional del PRI

La Comisión Nacional de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quedó instalada este sábado en la sede de este instituto, para el registro de fórmulas de aspirantes a la presidencia y secretaría general priista para el periodo estatutario 2019-2023.

Encabezada por el presidente de ese organismo partidista, Rubén Escajeda, la Comisión abrió el registro –que cerrará a las 14:00 horas de este sábado- con la solicitud de la fórmula integrada por los militantes de Hidalgo, Margarita Santos Mendoza y Aureliano Juárez González.

Tras la revisión de sus documentos, Escajeda declaró que esta fórmula no presentó los apoyos requeridos de los Comités Directivos Estatales, Sectores, organizaciones o segmentos del partido, sino simplemente los acuses de recibo de las peticiones para que los respalden.

La Comisión, instalada en el salón “Alfonso Reyes” de la sede nacional del PRI, será responsable de la Jornada de Registro de Fórmulas de Aspirantes a la Presidencia y a la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), para el periodo estatutario 2019-2023.

De acuerdo con la convocatoria emitida en días pasados, el periodo de garantía de audiencia sobre el registro de candidaturas será el domingo 23 y lunes 24 de junio, mientras que el 25 se emitirán los dictámenes y entrega de constancia de registro de candidaturas.

Al siguiente día, el miércoles 26 de junio, iniciará el periodo de proselitismo interno que durará 45 días, ya que terminará el próximo 9 de agosto.

Ivonne Ortega se registra como candidata a la presidencia del PRI

Ivonne Ortega Pacheco y José Encarnación Alfaro registraron hoy su fórmula a la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI, para participar en la contienda interna para presidenta y secretario general, respectivamente, para el periodo 2019-2023.

Con el respaldo de 10 Comités Directivos Estatales, Ortega Pacheco cuestionó los apoyos que se han dado a otro de los contendientes, el exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, con quien, dijo, se busca que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sea un satélite de Morena.

“Regresó el gobierno de los 70 y el PRI también, pero aún así logramos el respaldo de 10 comités ejecutivos estatales y vamos a la contienda, a luchar por regresar a la militancia a este edificio, vamos a regresar para darle voz a la militancia”, sostuvo.

En la sede del partido, a la que llegaron decenas de autobuses con simpatizantes de “Alito”, la política yucateca expuso que su lucha es porque esas prácticas ya no se repitan; “ya no necesitamos camiones, necesitamos investigar de dónde salió ese recurso para esos camiones, por qué trajeron a la gente en la madrugada”.

“Eso ya no lo quieren nuestros militantes. Nuestros militantes quieren que lleguemos a sus lugares, que sintamos lo que viven todos los días y que seamos el puente conductos entre la sociedad y el gobierno”, manifestó.

Afirmó que eso la motiva a ella y a José Encarnación Alfaro a recorrer el país, en buscar la dirigencia del PRI y no traer “acarreados”, pues el instituto político tiene que cambiar o de lo contrario, difícilmente será un contrapeso y dará voz a la sociedad.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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