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Se mantiene Chihuahua entre los estados con menor índice de desarrollo democrático

Con un ligero repunte dentro del ranking nacional del Índice de Desarrollo Democrático en México (IDD), el estado de Chihuahua se mantiene como una de las entidades con menor avance en la materia al obtener 2,186 puntos y situarse en la posición número 26, avanzando un lugar respecto al 2017 cuando registró una calificación de 1,424 unidades.

Dicho estudio, es publicado por la Fundación Konrad Adenauer (KAS) en México, la asesoría política Polilat, la Unión Social de Empresarios de México (USEM), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPOS), y el Colegio de México (COLMEX), para identificar y medir las causas que influyen en la vida democrática de México, y generar una adecuada herramienta para la toma de decisiones en los diferentes ámbitos de competencia del país.

Ante estos resultados, representantes empresariales resaltaron la importancia de que todos los sectores organizados del Estado trabajen de la mano para mejorar los indicadores en materia de Desarrollo Democrático, dar un giro y proyectar positivamente a Chihuahua, consolidando la participación ciudadana activa en las decisiones importantes para la entidad.

Jorge Arias, Director de la agencia Polilat y especialista en estadística, expuso ante empresarios socios de USEM Chihuahua, de la representación local de la COPARMEX Chihuahua, así como actores sociales y políticos de la entidad, que es la cuarta vez que Chihuahua califica en la parte más baja del Índice.

Cabe señalar que el IDD tiene cuatro dimensiones con puntajes específicos comparables con el año anterior. En ese sentido, en los rubros “Democracia de los Ciudadanos”, La “Democracia Social” y “Democracia Económica” el estado se posiciona -sin variaciones significativas- en la mitad de la tabla, en los lugares 19, 20 y 15 respectivamente, no obstante en “Democracia de las Instituciones” muestra su peor comportamiento ya que cayó del lugar 31 al 32 de la tabla.

Además, el estudio indica que Chihuahua se mantiene como una de las entidades con mayor riesgo democrático junto a los estados de Jalisco, Oaxaca, Morelos, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Puebla, Tlaxcala y Tabasco, debido a factores importantes que incidieron en la sociedad como el incremento de homicidios, denuncias de robo de auto y secuestro; en este apartado, se estima que los costos per cápita a causa de la violencia durante 2017 fueron de más de 53 mil pesos.

Así mismo, influyó el escenario electoral del 2018 y el reacomodo de las circunscripciones electorales, aunado a las repercusiones negativas dentro de las instituciones estatales durante el 2017, por el desfalco denunciado en contra del exgobernador César Duarte Jáquez y varios de sus colaboradores.

Por otra parte afectaron movimientos y conflictos sociales como “el gasolinazo”, que generaron cierres carreteros, ferroviarios, toma de pasos fronterizos, gasolineras, edificios de gobierno y las instalaciones de PEMEX, entre otros.

Y en cuanto a la situación económica, hubo factores negativos, como el primer lugar en endeudamiento de la entidad, que representó un 9.2% de su Producto Interno Bruto (PIB); el bajo crecimiento económico de tan solo un 2.3%; además el poco incremento en empleos formales registrados ante el IMSS, de un 2.4%, mientras que la media nacional fue de 4.4%.

Para el IDD, Chihuahua tiene áreas de oportunidad en el Desarrollo Democrático, mejorando la promoción de la participación ciudadana en los procesos electorales; en el respeto a los derechos políticos y libertades sociales; en la necesidad de dar mayor actuación a las mujeres en el Estado y profundizar en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, entre otros.

La reunión, estuvo encabezada por Celina Menzel, Gerente de Proyectos de la KAS México; Antonio Contestabile Frayre, Presidente de la USEM Chihuahua; Manuel Fitzmaurice Castro, Presidente Nacional de USEM; así como Federico Baeza Mares, Presidente de COPARMEX Chihuahua.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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