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Se retira Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha anunciado este martes la retirada del país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), tras el fallo que ha dictado contra Raúl Díaz Peña, acusado de atentar contra el Consulado de Colombia y la Oficina de Comercio de España en Caracas el 25 de febrero de 2003. «Venezuela se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos», ha dicho el líder socialista, durante la conmemoración del 189º aniversario de la Armada Bolivariana, celebrado en la base naval Contralmirante Agustín Armario, ubicada en el estado de Carabobo (norte).

Chávez ha denunciado que con el fallo sobre Díaz Peña la CoIDH «ha vuelto a atropellar y a ofender la dignidad de todo el pueblo venezolano». «Así que, por dignidad, nosotros nos tenemos que salir de allí», ha argumentado. Además, el mandatario ha acusado al tribunal regional de «apoyar el terrorismo» y agredir al país caribeño «por atreverse a ser libre», según informa Venezolana de Televisión (VTV). En la misma línea, el Ministerio de Exteriores ha considerado que con la «aberrante» decisión que ha tomado en el caso Díaz Peña, «la CoIDH deja al descubierto su complicidad con la política de Washington de protección a los terroristas que atentan contra los pueblos de Nuestra América».

«Tratos inhumanos y degradantes»

La CoIDH declaró el pasado 26 de junio que el Estado venezolano es internacionalmente responsable por la violación del derecho a la integridad personal de Díaz Peña y por los «tratos inhumanos y degradantes» que recibió durante su estancia en prisión. La CoIDH determinó que, «mientras permaneció bajo custodia estatal, Díaz Peña fue sometido a condiciones de detención que tuvieron un grave impacto sobre su salud, y, a pesar de ello, no recibió oportunamente la atención médica correspondiente».

El tribunal afirma que la detención de Peña fue «ilegal y arbitraria»

La Corte denunció además que la detención de Díaz Peña fue «ilegal y arbitraria», que estuvo sometido a un régimen de detención preventiva que sobrepasa los límites de la legislación penal, «invocando un supuesto riesgo de fuga», y que no se realizó una revisión judicial «efectiva» de su situación. No obstante, la CoIDH admitió la excepción preliminar presentada por Venezuela al considerar que, tal y como argumenta el país caribeño, el caso de Díaz Peña se trasladó al tribunal regional sin haber agotado los recursos internos, tal y como exige la Convención Americana.

El pasado 30 de abril, Chávez ya anunció la retirada de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) argumentando que «se ha ensañado» con el país, siguiendo el dictado de Estados Unidos. Con este objetivo, el líder socialista ordenó la creación de un Consejo de Estado, cuya conformación será coordinada por el vicepresidente,Elías Jaua, y por el ministro de Exteriores, Nicolás Maduro.

Órgano de la OEA

La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tiene el mandato de promover la observancia de los Derechos Humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia, según explica el propio organismo.

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Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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