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México

‘Se saturó el AICM para justificar obras en Texcoco’: AMLO

A más de seis meses de la cancelación de las obras de lo que sería el nuevo Aeropuerto Internacional de México, en Texcoco, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que dicho proyecto se justificó a partir de la saturación “deliberada” del Aeropuerto Benito Juárez debido a la cancelación de vuelos comerciales en el aeropuerto de Toluca.

En conferencia, reiteró que había intereses económicos en la construcción del aeropuerto en Texcoco, por ello ha habido amparos e inconformidad por la cancelación de dicha obra.

“De manera deliberada dejaron de usar el aeropuerto de Toluca para saturar el Aeropuerto de la Ciudad de México y, así, justificar la construcción del aeropuerto de Texcoco. Están muy molestos porque, imagínense, iban a cobrar 300 mil millones de pesos, eso estaban estimando. Como se decía cuando éramos niños y jugábamos canicas: nos iban a abrochar”, dijo.

Acusó que en la construcción en Texcoco había intereses económicos, daño ecológico y un negocio inmobiliario que presuntamente se llevaría a cabo en los terrenos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Detalló que en los terrenos del aeropuerto capitalino iba a realizarse un proyecto similar al de Santa Fe con centros comerciales y harían de una pista una avenida principal que llegaría hasta Texcoco.

Por ello, aseguró, quienes promueven amparos contra la construcción de Santa Lucía “no dan la cara y mandan a sus voceros, a sus representantes, entonces por eso está lluvia de amparos”, mismos para los que se tiene un plan contra éstos.

“Sí tenemos un plan B para detener el sabotaje legal que se está padeciendo, la lluvia de amparos de la gente que quedó muy inconforme porque no pudieron mantener sus privilegios”, aseveró.

Al ser cuestionado sobre los trabajos y el proyecto en Santa Lucía, López Obrador reconoció que hay in “ligero retraso” en éstos por la falta de estudios y los amparos, no obstante, quedará listo a tiempo.

Excelsior

México

Aprueban nueva Ley de la Guardia Nacional: será fuerza permanente bajo control de la Sedena

Ciudad de México.– Con una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, el Congreso aprobó este martes una nueva Ley de la Guardia Nacional que consolida el carácter permanente, militar y federal de esta fuerza de seguridad pública. El dictamen fue avalado en lo general con 349 votos a favor y 132 en contra, y en lo particular con 351 a favor y 124 en contra. La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y será enviada al Senado para su revisión constitucional.

La nueva ley abroga el ordenamiento vigente desde mayo de 2019 y se alinea con la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024. Establece que la Guardia Nacional dependerá orgánicamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aunque su función principal seguirá siendo la seguridad pública, en coordinación con autoridades estatales y municipales, de acuerdo con los convenios que se celebren.

La legislación, compuesta por 96 artículos distribuidos en siete títulos, modifica además diversas normas del marco legal castrense, incluyendo las leyes Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, de Educación Militar, de Ascensos y Recompensas, de Disciplina, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, y los códigos de Justicia Militar y de Procedimientos Penales.

El texto establece que la Guardia Nacional podrá contar con personal militar, de la Fuerza Aérea y con elementos civiles de confianza, y que el titular de la Defensa será el responsable directo de su organización, equipamiento, formación, administración y desarrollo. El mando operativo estará a cargo de un comandante con el grado de General de División, nombrado directamente por la Presidencia de la República.

Entre sus principales funciones se encuentra la prevención del delito, el restablecimiento del orden y la paz social, la recolección de información en espacios públicos, así como tareas de inteligencia e investigación en el ámbito de la seguridad pública. Sin embargo, el texto advierte que “los datos obtenidos con afectación a los derechos humanos carecerán de todo valor probatorio”, en un intento por blindar la operación frente a posibles abusos.

La nueva legislación subraya que la actuación de la Guardia Nacional deberá regirse por el respeto irrestricto a los derechos humanos, tanto los consagrados en la Constitución como en los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano.

Aunque el dictamen fue respaldado ampliamente por la mayoría oficialista, legisladores de oposición criticaron que la reforma representa una “militarización permanente” de la seguridad pública y advirtieron riesgos de concentración de poder en las Fuerzas Armadas. No obstante, el bloque mayoritario defendió que la medida responde a la necesidad de dotar al país de una fuerza eficaz, disciplinada y con mando unificado para hacer frente a los niveles de violencia e inseguridad.

Con esta decisión, la Guardia Nacional da un paso definitivo hacia su consolidación como una fuerza militarizada, bajo control operativo y administrativo de la Sedena, cerrando el modelo híbrido civil-militar que fue originalmente planteado en su creación en 2019.

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