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Se suicida niña marroquí por no casarse con un violador

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Amina Filali, de 16 años, no aguantó más. A primera hora de la tarde del sábado tragó unas cucharadas de matarratas en la casa de sus suegros en el pueblo de Chourfa, en la costa atlántica de Marruecos, a mitad de camino entre Arcila y Larache. Cuando arreciaron los dolores y Amina empezó a gritar, su marido, Mustafa Sallak, de 25 años, la introdujo en un taxi colectivo y la llevó al hospital de Larache, a una veintena de kilómetros.

Llegaron tarde. Antes de agonizar, el mismo sábado, Amina confesó a los médicos lo que había ingerido. Su cuerpo permanece aún en el depósito de cadáveres a la espera de que los forenses le hagan una autopsia. La legislación marroquí obliga a hacérsela a los suicidas.

“La vida de Amina cambió hace ocho o nueve meses”, recuerda un miembro de las fuerzas de seguridad destinado en la zona y que pide que no se revele su nombre ni graduación. “Tenía 15 años cuando Mustafá la agredió sexualmente”, prosigue el agente. El padre de la pequeña, Lahcen Filali, le denunció ante la fiscalía por “perversión de menores”.

“Una familia se ofreció entonces a mediar entre Lahcen y el padre del agresor”, añade la misma fuente. Propuso recurrir al artículo 475 del Código Penal marroquí que permite al agresor o violador de una menor casarse con su víctima y evitar así el juicio y la probable pena de cárcel. Al hacerlo reconoce su culpabilidad.

Los padres de Amina y Mustafa dieron su acuerdo. Un juez de familia de Larache autorizó entonces el matrimonio de la menor como lo requiere la moudawana, el código de familia en vigor desde 2004.

En verano Amina se fue a vivir a Chourfa, a casa de sus suegros, porque su marido, trabajador agrícola, carecía de ingresos regulares para disponer de su propio domicilio. La adolescente no debía de ser feliz porque, según Al Massae, el diario de Casablanca que ha destapado hoy el suicidio, intentó volver a casa de su padre, pero este se negó a readmitirla.

“Nunca rechacé a mi hija”, desmiente el padre, por teléfono, a través de un intérprete. “Pero es verdad que Amina no estaba a gusto en esa casa porque le decían que era una chica sucia, una prostituta”, reconoce. A ojos de la familia de Mustafá, Amina era la causante de la agresión que habría sufrido. “Así es la mentalidad rural”, señala el periodista Soulaiman Raissouni, autor del artículo.

Lahcen Filali, casado con dos esposas, mantiene con apuros a su doble familia gracias a los ingresos que le genera los transportes que efectúa con un vetusto motocarro.

La muerte de Amina ha indignado a las feministas marroquíes y a buena parte de la sociedad civil. “No se suicidó, la han suicidado”, repiten los internautas en Twitter con el hashtag #RipAmina.

“Esto no puede quedar así”, recalca al teléfono Fouzia Assouli, presidenta de la Liga Democrática de los Derechos de las Mujeres de Marruecos. “Es vergonzoso el silencio de las autoridades ante este trágico suceso”, insiste. “Hace años que venimos reclamando una ley que proteja a las mujeres de la violencia machista, pero ni siquiera conseguimos la abrogación de ese artículo del código penal que, en el fondo, legitima la violación”, prosigue.

La Liga quiere que se investigue el suicidio de Amina. “Para lograrlo vamos a combinar iniciativas jurídicas con protestas”, anuncia. “Trataremos de constituirnos en acusación particular y vamos a organizar una concentración, mañana jueves, ante los juzgados de Larache”, señala.

Sucesos como el suicidio de Amina no son excepcionales en el Marruecos rural, donde aún reside más del 40% de la población, pero no siempre trascienden. La muerte de Amina tardó tres días en ser recogida por un periódico.

Impulsado por el rey Mohamed VI, el nuevo código de familia supuso un avance para las menores porque, por ejemplo, los padres no podían casarlas a menos que un juez lo autorizase.

Los magistrados, muy conservadores, dan, sin embargo, su visto bueno a la mayoría de las solicitudes que reciben y estas van en aumento. En 2009, último año para el que hay estadísticas disponibles, recibieron 42.000 peticiones de derogación de la ley y accedieron a 33.253, un 8% más que el año anterior 2008.

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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