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Se suicida niña marroquí por no casarse con un violador

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Amina Filali, de 16 años, no aguantó más. A primera hora de la tarde del sábado tragó unas cucharadas de matarratas en la casa de sus suegros en el pueblo de Chourfa, en la costa atlántica de Marruecos, a mitad de camino entre Arcila y Larache. Cuando arreciaron los dolores y Amina empezó a gritar, su marido, Mustafa Sallak, de 25 años, la introdujo en un taxi colectivo y la llevó al hospital de Larache, a una veintena de kilómetros.

Llegaron tarde. Antes de agonizar, el mismo sábado, Amina confesó a los médicos lo que había ingerido. Su cuerpo permanece aún en el depósito de cadáveres a la espera de que los forenses le hagan una autopsia. La legislación marroquí obliga a hacérsela a los suicidas.

“La vida de Amina cambió hace ocho o nueve meses”, recuerda un miembro de las fuerzas de seguridad destinado en la zona y que pide que no se revele su nombre ni graduación. “Tenía 15 años cuando Mustafá la agredió sexualmente”, prosigue el agente. El padre de la pequeña, Lahcen Filali, le denunció ante la fiscalía por “perversión de menores”.

“Una familia se ofreció entonces a mediar entre Lahcen y el padre del agresor”, añade la misma fuente. Propuso recurrir al artículo 475 del Código Penal marroquí que permite al agresor o violador de una menor casarse con su víctima y evitar así el juicio y la probable pena de cárcel. Al hacerlo reconoce su culpabilidad.

Los padres de Amina y Mustafa dieron su acuerdo. Un juez de familia de Larache autorizó entonces el matrimonio de la menor como lo requiere la moudawana, el código de familia en vigor desde 2004.

En verano Amina se fue a vivir a Chourfa, a casa de sus suegros, porque su marido, trabajador agrícola, carecía de ingresos regulares para disponer de su propio domicilio. La adolescente no debía de ser feliz porque, según Al Massae, el diario de Casablanca que ha destapado hoy el suicidio, intentó volver a casa de su padre, pero este se negó a readmitirla.

“Nunca rechacé a mi hija”, desmiente el padre, por teléfono, a través de un intérprete. “Pero es verdad que Amina no estaba a gusto en esa casa porque le decían que era una chica sucia, una prostituta”, reconoce. A ojos de la familia de Mustafá, Amina era la causante de la agresión que habría sufrido. “Así es la mentalidad rural”, señala el periodista Soulaiman Raissouni, autor del artículo.

Lahcen Filali, casado con dos esposas, mantiene con apuros a su doble familia gracias a los ingresos que le genera los transportes que efectúa con un vetusto motocarro.

La muerte de Amina ha indignado a las feministas marroquíes y a buena parte de la sociedad civil. “No se suicidó, la han suicidado”, repiten los internautas en Twitter con el hashtag #RipAmina.

“Esto no puede quedar así”, recalca al teléfono Fouzia Assouli, presidenta de la Liga Democrática de los Derechos de las Mujeres de Marruecos. “Es vergonzoso el silencio de las autoridades ante este trágico suceso”, insiste. “Hace años que venimos reclamando una ley que proteja a las mujeres de la violencia machista, pero ni siquiera conseguimos la abrogación de ese artículo del código penal que, en el fondo, legitima la violación”, prosigue.

La Liga quiere que se investigue el suicidio de Amina. “Para lograrlo vamos a combinar iniciativas jurídicas con protestas”, anuncia. “Trataremos de constituirnos en acusación particular y vamos a organizar una concentración, mañana jueves, ante los juzgados de Larache”, señala.

Sucesos como el suicidio de Amina no son excepcionales en el Marruecos rural, donde aún reside más del 40% de la población, pero no siempre trascienden. La muerte de Amina tardó tres días en ser recogida por un periódico.

Impulsado por el rey Mohamed VI, el nuevo código de familia supuso un avance para las menores porque, por ejemplo, los padres no podían casarlas a menos que un juez lo autorizase.

Los magistrados, muy conservadores, dan, sin embargo, su visto bueno a la mayoría de las solicitudes que reciben y estas van en aumento. En 2009, último año para el que hay estadísticas disponibles, recibieron 42.000 peticiones de derogación de la ley y accedieron a 33.253, un 8% más que el año anterior 2008.

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Nota Principal

Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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