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México

Sedesol e Imjuve preparan asistencia a repatriados mexicanos

Ante la repatriación de mexicanos, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), no solo ha reforzado sus programas cómo el de «Tres de Tres» o el empleo temporal, así como su asistencia en los comedores comunitarios fronterizos o en regiones de larga tradición migratoria en Oaxaca, Zacatecas o Michoacán, recientemente se firmó un fideicomiso con Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, a Rural, Forestal y Pesquero para otorgamiento de créditos para proyectos productivos.

Aunque la Sedesol ha emprendido una serie de reuniones con los cónsules de los estados fronterizos para determinar los programas a favor de los deportados, la dependencia ya dispuso 20 millones de pesos como base de un fondo de garantías líquidas que respaldarían los créditos para apoyar proyectos productivos.

«Firmamos un acuerdo con Financiera Rural donde, con la garantía líquida que está aportando la Sedesol, podamos generar créditos a todos esos comercios afectados», aseguró el subsecretario federal de Desarrollo Social y Humano, Eviel Pérez Magaña, tras la presentación del Premio Nacional de Juventud.

Los proyectos «pudieran ser en beneficio para sus familiares que tienen de este lado y tambien contribuir con recursos para poder implementar proyectos productivos que beneficien al país», explicó Pérez Magaña.

«Tratamos de buscar principalmente a jornaleros que están en la zona; comerciantes (para ofrecerles) empleo temporal y opciones productivas», detalló.

Por su parte, José Manuel Romero Coello, director del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), precisó que ya se apoya a los jóvenes repatriados «al aprovechar todas las habilidades que tienen» (desde la alianza por el empleo juvenil) y con una atención directa a los llamados «dreamers», o estudiantes universitarios, para quienes habrá programas integrales por parte del sector social del país.

«Estamos buscando con la Secretaría del Trabajo un programa se insertación laboral», explicó Romero Coello al recordar que los jóvenes deportados también tendrán a su disposición las 16 Casas del Emprendedor que ya existen y otras 16 que se abrirán en el presente 2017.

Por lo pronto los universitarios deportados tienen a su disposición los más de 400 centros Poder Joven desplegados en todo el territorio nacional, invitó el titular del Imjuve.

Noticias MVS

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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