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«Seguiré dando batalla»: Aristegui acusa de aniquilamiento

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Al presentar el informe 2015 sobre libertad de prensa de Freedom House, Aristegui acusó el «aniquilamiento» de su equipo periodístico por presiones gubernamentales, cuyo objetivo es censurar a quienes denuncian la corrupción de los políticos.

La periodista Carmen Aristegui confió que la pelea ante tribunales para reanudar la transmisión de su noticiero ayude a defender la libertad de prensa en el País.

Al presentar el informe 2015 sobre libertad de prensa de Freedom House, Aristegui acusó el «aniquilamiento» de su equipo periodístico por presiones gubernamentales, cuyo objetivo es censurar a quienes denuncian la corrupción de los políticos.

«Tratamos de revertirlo, no sólo porque es nuestro espacio, sino para evitar que se convierta en un precedente fácil, en un actuación fácil sin consecuencias para quien la promovió. Es el estreno de nuevos parámetros jurídicos que nos permiten aspirar a una batalla judicial», expuso.

«Entraremos en una fase de discusión pública para repensar la relación empresa, periodistas, políticos, sociedad. Hoy la relación es disfuncional para ejercer nuestras libertades», criticó.

De acuerdo con el informe de Freedom House, México es uno de los cuatro países de América sin libertad de prensa, con el puntaje más bajo en una década, y uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo.

Mariclaire Acosta, directora de la organización, puntualizó que el retroceso de México responde al incremento de la violencia, así como a la intervención del poder político, la baja de la publicidad y la Ley de Telecomunicaciones.

Alertó sobre la censura de medios y periodistas como consecuencia de asesinatos, ataques a instalaciones de medios, agresiones, amenazas y autocensura por miedo, por el control de la publicidad o por el despido de periodistas.

El periodista Javier Garza advirtió sobre la documentación de 92 agresiones, incluyendo 7 homicidios de periodistas, de los cuales 5 habían sido secuestrados y desaparecidos sin que la autoridad pudiera prevenir su asesinato.

Asimismo, alertó sobre zonas en México de especial violencia, como en Veracruz, donde el asesinato de periodistas obliga a la autocensura de los medios.

José Buendía, miembro del Mecanismo de Protección de Defensores y Periodistas, lamentó que éste lleva dos años sin resultados, como consecuencia de una falta de voluntad política expresada por la ex subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón.

«Tenemos un grado de impunidad con más de 500 averiguaciones previas ante la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra periodistas, con solo 60 expedientes turnados. Solo 10 por ciento de averiguaciones han llegado a tribunales, lo cual se convierte en mejor incentivo para quienes presionan a los medios», añadió.

Fuente: El Golfo

México

Sheinbaum condiciona acción contra Rocha Moya a pruebas de la FGR

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que si la Fiscalía General de la República recibe pruebas “contundentes e irrefutables” contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se procederá conforme a la ley en territorio mexicano. La mandataria señaló que la misma ruta aplicaría para los nueve funcionarios sinaloenses también señalados por autoridades de Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum sostuvo que su administración no protegerá a ninguna persona que haya cometido delitos, pero advirtió que, en caso de no existir pruebas claras, las acusaciones tendrían un trasfondo político.

Indicó que corresponde a la FGR valorar la documentación recibida y, en su caso, determinar si existen elementos constitutivos de delito para actuar bajo jurisdicción mexicana. Reiteró que su gobierno mantendrá una postura de defensa de la soberanía nacional.

La presidenta aseguró que no se permitirá la intromisión de gobiernos extranjeros en decisiones que, dijo, corresponden exclusivamente al pueblo de México. Añadió que esa posición se basa en la búsqueda de verdad, justicia y respeto a la soberanía.

También confirmó que el pasado 28 de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 10 documentos en los que se solicitaba la detención provisional con fines de extradición de 10 ciudadanos mexicanos. Esos expedientes fueron turnados a la FGR para su análisis conforme a la legislación nacional.

Sin embargo, señaló que un día después el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público el retiro de cargos contra esos mismos 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán.

Sheinbaum cuestionó la difusión del documento denominado “Acusación de reemplazo bajo reserva”, al señalar que ese tipo de procedimientos son confidenciales de acuerdo con los tratados aplicables. Explicó que, por ello, el área jurídica de la Cancillería expresó un extrañamiento formal.

La mandataria recordó que la FGR informó previamente que revisará la documentación recibida para determinar si existen datos probatorios suficientes y resolver sobre la viabilidad de las solicitudes. Además, iniciará una investigación para recabar información y verificar si hay bases legales para solicitar órdenes de aprehensión.

Un día antes, autoridades estadounidenses presentaron cargos contra Rocha Moya y nueve funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Las acusaciones incluyen narcotráfico, armas y presunta protección a integrantes de la facción conocida como “Los Chapitos”. Hasta el cierre de esta edición, la FGR mantenía en análisis la documentación recibida.

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