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México

Selecciona INE muestra para verificar medidas de seguridad en documentación electoral

La verificación de las medidas de seguridad abona a la certeza de los comicios del 6 de junio próximo
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) realizó la selección de una muestra aleatoria de las boletas y actas de las casillas electorales para verificar sus medidas de seguridad y garantizar así la legalidad de los comicios del próximo 6 de junio.

El Consejero José Roberto Ruiz, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, explicó el proceso de selección de muestras aleatorias para comprobar que las boletas y actas de casillas cuentan con las medidas de seguridad que garantizan que no sean falsificadas, resultados se darán a conocer hasta que se lleven a cabo los mecanismos de verificación contemplados en el Reglamento de Elecciones.

“En este momento se llevará a cabo el procedimiento para la obtención de las dos muestras aleatorias de casillas que se usarán para realizar la verificación de las medidas de seguridad en la documentación electoral y la certificación de las características y calidad del líquido indeleble que se utilizarán en el Proceso Electoral Federal 2020-2021”, refirió.

A través de un muestreo electoral simple, dijo, se obtuvieron dos muestras en cada una de las cuales se seleccionaron cuatro casillas por cada uno de los 300 distritos electorales del país.

“La primera muestra será verificada previo a la entrega de los paquetes electorales a las y los presidentes de casilla a efecto de autentificar las boletas y actas electorales y la segunda verificación se llevará a cabo el día de la Jornada Electoral para autentificar boletas, actas y el líquido indeleble”, adelantó.

El Consejero Jaime Rivera aseguró que el procedimiento de verificación es muestra de un conjunto de prácticas que se han desarrollado a lo largo de diversas elecciones y que dan plena seguridad de los instrumentos que se utilizarán para los comicios del 6 de junio.

“Con estas medidas de verificación se confirma la absoluta confiabilidad de las boletas electorales y esta confirmación la harán los 300 consejos distritales que, recordemos, se encuentran integrados no sólo por funcionarios profesionales del INE, sino también por consejeros electorales que son incorporados e invitados por su prestigio social y por su compromiso con la limpieza de las elecciones”, detalló.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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