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Los selfies del terrorista de Niza

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Mohamed Lahouaiej Bouhlel posó con selfies al lado y adentro del camión dos días antes de matar a 84 personas.

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Para los investigadores, el ataque de Niza estuvo «minuciosamente planificado». Mohamed Lahouaiej Bouhlel estuvo en el Paseo de los Ingleses con el camión, reconociendo el terreno, dos días antes de pasar al acto y lanzar al vehículo de 19 toneladas contra la muchedumbre, provocando la muerte de 84 personas a lo largo de 20 cuadras, pero antes tomó selfies.

En el celular de Lahouaiej Bouhlel, la policía encontró fotos de la costanera de Niza y dos selfies en las que aparece sonriente junto a uno de los hombres detenidos tras el ataque, al lado y adentro del camión blanco, tomadas el 12 y 13 de julio. También había la foto de un artículo de prensa del 1 de enero de 2016 que trata de un hombre que «estrelló a propósito su vehículo contra un restaurante».

En su computadora, encontraron imágenes de crímenes perpetrados por el Estado Islámico como decapitaciones, así como fotos de líderes yihadistas como Osama bin Laden o Moctar Belmoctar. Además, Lahouaiej Bouhlelbuscó fotos y videos de «horribles accidentes mortales» y «terribles accidentes fatales» y extractos del Corán.

Según el fiscal François Molins y el testimonio de vecinos y familiares, el asesino, padre de 3 hijos en proceso de divorcio, era «un individuo desequilibrado y muy violento», «con una sexualidad desenfrenada», que no era religioso pero que mostró un «interés claro y reciente» por el islamismo radical en las semanas precedentes al ataque.

«Nos enfrentamos a individuos sensibles al mensaje del Estado Islámico que llevan a cabo acciones extremadamente violentas sin necesariamente haber combatido o haber sido entrenados» afirmó el el ministro del Interior francés Bernard Cazeneuve. Se trata de un «nuevo modo» que ilustra «la extremada complejidad de la lucha antiterrorista», agregó.

Fuente: EFE

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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