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México

Senado, en desacuerdo para enfrentar presidencia de Trump

Juan Carlos Romero Hicks, senador panista de Guanajuato y presidente de la Comisión de Educación en el Senado, así como su homólogo tricolor, Patricio Martínez García, hablaron sobre las medidas que México debería implementar para enfrentar un panorama adverso frente a la futura administración de Donoald Trump en Estados Unidos.
Romero Hicks aclaró que ‘se requiere una visión de Estado; convocamos a que lo hagan los tres Poderes de la Unión —ejecutivo, legislativo y judicial— para exigir una dignidad republicana; las defensas a los derechos humanos son indeclinables: aclaramos que los migrantes no son delincuentes’ y mostró su compromiso para implementar medidas.
No olvidemos que la coyuntura comercial, de inversión, de seguridad, de desarrollo sustentable serán atendidas, en cuanto se vean las posturas tomadas por Trump; cabe destacar que la elección en Estados Unidos no ha concluido —aunque dudo que haya sorpresas—: Clinton ganó el voto popular; Trump la del Colegio Electoral”, recordó.
Para finalizar con su participación, Romero Hicks adelantó que ‘hay que trabajar en una visión para América del Norte, buscar competitividad, mejorar condiciones de vida’ de los mexicanos en el extranjero a través de programas de bienvenida y reincorporación, pensando en el peor de los casos.
Por su parte, Patricio Martínez García auguró que las autoridades necesitan es una ‘revisión de antecedentes y situaciones implicadas. Ver cuál es el actuar de Donald Trump hasta que’ ocupe la Casa Blanca; el futuro presiente ‘tiene frentes de dificultad: él no se manda sólo, tiene pesos y contrapesos:
Trump tendrá mucha contraposición macroeconómica. No es posible que su mandato llegue a un absolutismo. Acepto que las desgracias unen a las familias, y lo que vivimos es una situación desgraciada ante su obsesión de extradición. Pero no es algo gratuito y casual el odio. Debemos revisar las raíces del problema, para enfrentarlo”, aseguró.
La relación entre México y Estados Unidos tiene ventajas y desventajas para ambos; tenemos que lograr desde el Senado y hasta la Unión Americana una cohesión: ‘también necesitamos solidez nacional, en donde estemos presentes como facciones representantes de una República, enfrentando a una situación de agresión’: llamó a la prudencia.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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