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México

Senado pide a estados retirar cámaras instaladas por el crimen organizado

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El Senado de la República hizo un llamado a los 32 gobiernos estatales y a la Ciudad de México para que identifiquen y retiren equipos de videovigilancia colocados de manera irregular, los cuales, según autoridades, son utilizados por grupos criminales para monitorear a policías y a organizaciones rivales.

El dictamen aprobado por los legisladores señala que, aunque algunas cámaras podrían haber sido instaladas sin conocimiento de las regulaciones vigentes, existen evidencias de que estos dispositivos han sido aprovechados por la delincuencia organizada como herramienta de control territorial y de inteligencia.

Casos recientes refuerzan la preocupación. En Celaya, Guanajuato, fueron detectadas alrededor de mil 400 cámaras ligadas presuntamente a grupos criminales. En Baja California, en noviembre de 2024, se retiraron 265 cámaras en tres municipios: 188 en Tecate, 35 en Tijuana y 46 en Mexicali. En Veracruz se inhabilitaron 50 videocámaras con el mismo fin.

También en Chiapas, el 19 de febrero de 2025, la Fiscalía del Estado y la Policía Estatal aseguraron equipos de videograbación, mientras que un día después en Culiacán, Sinaloa, fueron retiradas 64 cámaras presuntamente instaladas por el crimen organizado.

La Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública en la capital permite a las autoridades instalar sistemas de videovigilancia con fines de prevención y combate a delitos. Sin embargo, los grupos criminales han replicado este modelo tecnológico para obtener información estratégica y fortalecer sus operaciones ilegales.

El Senado subrayó que es necesario reforzar los mecanismos de supervisión para impedir que estas prácticas se extiendan y garantizar que la videovigilancia en el país se utilice únicamente con fines legítimos de seguridad pública.

México

México y EU bloquean red de fraude en tiempos compartidos ligada al CJNG

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y en coordinación con autoridades de Estados Unidos, se reforzaron las acciones contra una red de fraude en esquemas de tiempos compartidos presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, según un comunicado emitido el 19 de febrero.

Como parte de las medidas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense designó a 24 personas por su supuesta participación en el esquema. De ellas, cinco son personas físicas y 19 personas morales que habrían operado mediante fraudes relacionados con servicios turísticos y que tendrían posibles nexos con la organización criminal.

De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a siete sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas en México. Se trata de seis individuos y una entidad identificados como parte del núcleo operativo, familiar y corporativo detectado durante las investigaciones financieras.

Las acciones del Departamento del Tesoro forman parte de los mecanismos de cooperación bilateral orientados a debilitar las estructuras económicas de grupos delictivos. De acuerdo con el comunicado, estas organizaciones utilizan actividades empresariales y del sector turístico como fachada para captar recursos de origen ilícito. El impacto de estas operaciones es de carácter transnacional y se concentra principalmente en destinos como Jalisco y Nayarit.

En el ámbito nacional, la UIF realizó estudios financieros, fiscales y corporativos de los involucrados. Los análisis permitieron identificar movimientos relevantes de dinero, transferencias internacionales, uso de instrumentos de inversión, consumos significativos con tarjetas de servicio y participación accionaria en diversas sociedades mercantiles constituidas principalmente en la región occidental del país.

Además, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a las atribuciones legales de la autoridad.

La dependencia señaló que mantiene coordinación permanente con instancias nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las capacidades económicas de organizaciones criminales.

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